Centro Democrático llevará a la CIDH informe sobre presunta incidencia de grupos armados en resultados electorales

Un grupo de congresistas del Centro Democrático anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que advierten sobre posibles afectaciones al proceso electoral en Colombia, relacionadas con la presencia de grupos armados en distintas regiones del país.

La delegación, integrada por los legisladores José Jaime Uscátegui, Marelen Castillo y María Angélica Guerra, entre otros, tiene previsto viajar a Washington el próximo 21 de abril. Allí entregarán un documento que aborda distintos factores de riesgo en el contexto electoral de 2026, entre ellos la violencia política, el asesinato del dirigente Miguel Uribe Turbay, la estigmatización a sectores de oposición, la desinformación digital y el comportamiento del voto en territorios con presencia de actores armados.

Análisis del comportamiento electoral

El informe incluye un cruce de datos entre los resultados electorales al Senado y la ubicación geográfica de municipios identificados con presencia de grupos armados ilegales. Según el análisis presentado, el Pacto Histórico obtuvo 2.423.844 votos en 126 municipios clasificados bajo esta condición, lo que representa el 54,9% de su votación total en esa contienda, que alcanzó 4.413.636 sufragios.

De acuerdo con los congresistas, en esos territorios la colectividad política registró desempeños destacados: ocupó el primer lugar en 65 municipios, el segundo en 19 y el tercero en 42. Además, en 15 municipios superó el 50% de la votación, mientras que en otros 27 alcanzó cifras por encima del 40%.

El documento señala que estos municipios coinciden con zonas donde históricamente han operado estructuras armadas ilegales, incluidas disidencias de las antiguas Farc, así como regiones con economías ilícitas activas.

Factores de riesgo en territorios específicos

Según el informe, los riesgos asociados a la violencia electoral no se distribuyen de manera uniforme en el país, sino que se concentran en regiones específicas como Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander y algunas subregiones de Antioquia.

En estos territorios, sostienen los congresistas, la presencia de actores armados puede incidir en las dinámicas de participación política. El documento describe que dicha influencia no necesariamente se manifiesta a través de órdenes explícitas, sino mediante mecanismos como restricciones a la movilidad, limitaciones para realizar campañas, control social sobre las comunidades y escenarios de intimidación generalizada.

Estas condiciones, según lo expuesto, tendrían un impacto en la forma en que los ciudadanos ejercen su derecho al voto y en la competencia entre distintas fuerzas políticas.

Alcance del informe y llamado institucional

Los autores del documento precisaron que el análisis no busca deslegitimar el voto de los ciudadanos en estas regiones ni establecer una relación causal directa entre la presencia de grupos armados y los resultados electorales. Sin embargo, advierten sobre una preocupación de carácter estructural relacionada con las garantías democráticas.

En ese sentido, señalaron que la existencia de contextos donde el control territorial por parte de actores ilegales limita la deliberación pública y la libre circulación de propuestas políticas puede afectar la autonomía del elector.

La presentación del informe ante la CIDH busca, según los congresistas, visibilizar estas condiciones y promover un seguimiento internacional a la situación electoral en Colombia, en medio de un escenario marcado por tensiones políticas y desafíos en materia de seguridad.