(EN VIDEO) Alcaldía de Bogotá endureció reglas para ventas ambulantes y prohibiciones en el espacio público

La decisión, anunciada por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, con la expedición del Decreto 117 de 2026, se presenta como una intervención orientada a reorganizar zonas de alta congestión y a establecer controles sobre prácticas consideradas irregulares.

El decreto, confirmado por la Secretaría de Gobierno, establece criterios técnicos para delimitar los espacios donde se permite la actividad comercial informal y aquellos donde estará restringida. Según explicó el secretario Gustavo Quintero, la medida busca intervenir puntos donde se ha identificado ocupación intensiva de andenes y vías, así como dinámicas asociadas a economías ilegales.

Entre las disposiciones se incluye la prohibición expresa de comercializar animales en el espacio público, así como la restricción de actividades que impliquen riesgos sanitarios o de salud. Entre estas se encuentran procedimientos como tatuajes, perforaciones, prácticas odontológicas y servicios estéticos realizados sin condiciones controladas. La norma también incorpora la prohibición del trabajo infantil y la venta de sustancias ilícitas en estos entornos.

Uno de los aspectos centrales del decreto es la regulación del uso de pipetas de gas en la vía pública. La Administración Distrital determinó que estos elementos no podrán utilizarse de manera general, salvo en los casos en que exista autorización expresa de las entidades competentes. La decisión se produce luego de incidentes recientes asociados a fugas de gas en zonas urbanas, lo que llevó a reforzar los controles sobre este tipo de implementos en espacios abiertos.

Asimismo, se detalla la prohibición de ocupar zonas que afecten la movilidad peatonal o vehicular, así como la instalación de estructuras que interfieran con el tránsito en sectores de alta circulación. En este punto, la administración plantea que la intervención busca reducir la congestión y ordenar la distribución de actividades económicas en el espacio público.

En paralelo, el decreto incorpora lineamientos para la recuperación de zonas consideradas saturadas, mediante operativos que estarán a cargo de entidades distritales en coordinación con la Policía Metropolitana. Estas acciones incluyen la verificación de permisos, el control de actividades no autorizadas y la aplicación de medidas correctivas frente a incumplimientos.

Desde la administración se ha insistido en que la medida no está dirigida a eliminar la venta informal, sino a establecer condiciones de organización. En ese sentido, se ha planteado la implementación de procesos de caracterización de vendedores y el ofrecimiento de alternativas económicas a través de programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Estas iniciativas buscan reubicar o formalizar a quienes dependen de estas actividades para su sustento.

Sin embargo, el anuncio del decreto ha generado reacciones entre sectores de vendedores informales, algunos de los cuales han manifestado su desacuerdo con las nuevas restricciones y han convocado a movilizaciones. Las inconformidades se centran en la posibilidad de pérdida de espacios de trabajo y en la incertidumbre frente a las alternativas ofrecidas por el Distrito.

Durante el transcurso de este lunes 20 de abril, se han presentado bloqueos a lo largo de la calle 26 por parte de vendedores ambulantes, que han anunciado un paro indefinido en contra del Decreto 117 de 2026. En el lugar, el equipo de Diálogo ha realizado el respectivo acompañamiento, desescalando las situaciones de conflicto con algunos vehículos.

El decreto también introduce un enfoque de control sobre estructuras que, según la administración, operan dentro del espacio público mediante subarriendo de puestos o actividades ilegales. En este punto, la Secretaría de Gobierno señaló que las acciones estarán dirigidas a identificar y desarticular estas dinámicas, diferenciándolas de los vendedores que ejercen su actividad de manera individual.

La implementación de la norma se desarrollará de manera progresiva, con la participación de distintas entidades del Distrito encargadas de definir las zonas habilitadas, los criterios de ocupación y los mecanismos de seguimiento.

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