¿Guerrilleros y exconvictos armados en hostigamiento contra expresidente Álvaro Uribe Vélez?. Crece la polémica

Una nueva controversia política se desató en Antioquia luego de las denuncias realizadas por sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre presuntos actos de hostigamiento ocurridos en inmediaciones de su residencia en Llano Grande, Rionegro.

Según las versiones difundidas por dirigentes políticos y ciudadanos a través de redes sociales, un grupo de personas habría sido movilizado hasta la zona para participar en una protesta y realizar pintas sobre un puente en construcción ubicado frente al ingreso de la vivienda del exmandatario.

Los señalamientos apuntan al representante electo a la Cámara por el Pacto Histórico, Hernán Muriel, conocido públicamente con el alias de “Cofradía”, quien habría participado en la convocatoria de la actividad u habría llevado exconvictos armados y guerrilleros activos por orden de Iván Cepeda, según lo aseguró el expresidente Álvaro uribe.

De acuerdo con las denuncias conocidas, durante la jornada se presentaron mensajes considerados ofensivos contra Uribe Vélez y miembros de su familia, situación que llevó a sectores políticos a solicitar la intervención de las autoridades locales y departamentales.

Denuncias sobre presencia de personas judicializadas

Dentro de los hechos denunciados también se mencionó la presunta presencia de personas con antecedentes judiciales entre quienes participaron en la manifestación.

Uno de los nombres mencionados fue el de Juan Hernando Ríos Ospina, señalado por algunos denunciantes como un exconvicto que actualmente tendría libertad condicional. Según las acusaciones divulgadas públicamente, esta persona habría sido denunciada por intento de homicidio contra el excandidato a la Cámara David Toledo.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas afirmaciones ni sobre la situación judicial de Ríos Ospina, quien habría violado su libertad condicional.

Asimismo, en redes sociales y declaraciones públicas también se señaló la presunta participación de guerrillero de las García en Disidencia, Leopoldo Durán, identificado por algunos sectores como integrante de estructuras disidentes de las Farc y supuesto negociador dentro de los acercamientos con el Gobierno Nacional y quien estaría en libertad gracias a los beneficios de La Paz total que impide su captura, según voceros del CD.

Las denuncias sostienen que Durán aparece en imágenes y videos captados durante la protesta desarrollada frente a la residencia del expresidente.

Reacciones políticas y solicitudes de investigación

Las denuncias provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos y ciudadanos, que pidieron esclarecer los hechos y determinar si existieron conductas que pudieran constituir hostigamiento, intimidación o alteración del orden público.

Dirigentes cercanos al uribismo calificaron la situación como un acto de persecución política y señalaron que el episodio incrementa el clima de polarización que atraviesa el país en medio del actual escenario electoral.

Además, insistieron en que las autoridades deben establecer si hubo participación de personas vinculadas a estructuras ilegales o individuos con antecedentes penales durante la movilización.

El representante Hernán Muriel, en algunos medios de comunicación, señaló que su acción de ayer fue un acto de “memoria histórica y simbolismo” contra los hechos de falsos positivos, pero desconociendo que la justicia ha reiterado que el expresidente no ha sido vinculado ni ha tenido responsabilidad sobre hechos de falsos positivos además de que la JEP negó la cifra sobre la que insisten sobre los hechos.

En medio de esta controversia tras el hostigamiento contra Uribe Vélez y la pintura luego borrada con la cifra de los falsos positivos, surgieron repuestas en las redes señalando las cifras confirmadas de los niños víctimas de las Farc, grupo terrorista asociado a Iván Cepeda, según los usuarios de redes sociales.

Antecedentes de seguridad alrededor del expresidente

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido históricamente una de las figuras políticas con mayores esquemas de protección en Colombia debido a múltiples amenazas y atentados registrados durante su trayectoria pública.

Durante su mandato y años posteriores, organismos de seguridad han documentado acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales, especialmente las Farc hoy en disidencia, dirigidas contra el exmandatario.

En medio de la actual coyuntura electoral, el episodio ocurrido en Rionegro vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones relacionadas con la seguridad de líderes políticos y el tono de confrontación que rodea el debate público nacional.