Gobernador Andrés Julián exigió acciones contra estructuras criminales tras ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, rechazó el ataque contra un helicóptero de la Policía Nacional, atribuido a disidencias de las FARC, que dejó 12 uniformados muertos y al menos tres heridos en zona rural del municipio de Amalfi.

El mandatario departamental lamentó los hechos y envió condolencias a los familiares de los policías fallecidos. “Mi sentido pésame, mi abrazo solidario y de todos los antioqueños a las familias de los policías hoy asesinados en el cumplimiento de su labor. Por proteger este territorio y arriesgar tanto. También nuestro abrazo al pueblo de Cali, víctima hoy de un atentado terrorista”, expresó.

El gobernador recordó que la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia había advertido desde el 4 de junio sobre la situación de orden público en Amalfi, derivada de enfrentamientos entre el frente 36 de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Según explicó, se remitió un oficio al ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, alertando sobre el incremento de hechos delictivos en la vereda Los Toros, donde ocurrió el ataque, sin recibir respuesta.

“Se le envió un oficio al Ministro de Defensa alertando sobre la situación de seguridad justo en esa vereda Los Toros. No hubo respuesta, así como no la ha habido con la solicitud de asistencia militar. ¿Por qué nos dejan en visto? Si es que la seguridad de los colombianos y los antioqueños no es un asunto ideológico. Este es el primer ataque de un dron en Antioquia que tengamos documentado. Criminales envalentonados por cuenta de la paz total. Tantas garantías se les han dado, tal tratamiento como angelitos en nombre de la paz”, señaló Andrés Julián.

En el oficio firmado por el secretario de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, brigadier general en retiro Luis Eduardo Martínez Guzmán, se advirtió que en los últimos meses el municipio había sido escenario de un incremento de amenazas, desplazamientos forzados y presencia de actores armados ilegales, lo que afectó la tranquilidad de comunidades rurales y urbanas. El documento también expuso que la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en la zona estaba desbordada en lo operativo y logístico, lo que impedía una cobertura adecuada frente a la magnitud de las amenazas.

La Gobernación había solicitado en su momento al Gobierno Nacional un despliegue inmediato y reforzado del Ejército en la zona, con control territorial y seguridad para las comunidades vulnerables. En el oficio se pidió que la presencia militar no se limitara a patrullajes ocasionales, sino a un plan operativo sostenido, con puestos de control estratégicos, operaciones de vigilancia permanente y mecanismos efectivos de reacción ante hechos de violencia, desapariciones o desplazamientos.

El gobernador reiteró que, pese a estas advertencias, no hubo respuesta del Gobierno Nacional ni estructuración de un plan operativo. También cuestionó la descoordinación de la Fuerza Pública para atender a los policías heridos, quienes no habrían recibido el apoyo necesario tras el ataque.

Finalmente, Andrés Julián anunció que la Gobernación de Antioquia ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con los cabecillas de las disidencias responsables de la acción armada: alias Guaricho, jefe de la zona; alias Barbas y alias Guillermino.