Familias campesinas y víctimas del conflicto en Antioquia luchan por sus viviendas ante la justicia

Un grupo de 27 familias, muchas de ellas víctimas del conflicto armado y campesinos de escasos recursos, se alista para una crucial jornada legal en Medellín. Provenientes del corregimiento de Damasco, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, estas comunidades se oponen firmemente a la posible pérdida de sus hogares, sobre los cuales pesan medidas cautelares de embargo y secuestro en el marco de un proceso de Justicia y Paz. La situación ha generado preocupación y un llamado a la justicia transicional para que considere la vulnerabilidad de estos pobladores.

La historia de un arraigo en villa estela

La disputa legal se centra en las viviendas ubicadas en el sector Villa Estela, en Damasco. La historia de estas propiedades se remonta a diciembre de 1993, cuando la Inspección de Policía local y la Iglesia Católica organizaron sorteos públicos para adjudicar predios. Esta iniciativa buscaba dar respuesta a una apremiante crisis habitacional que afectaba a familias vulnerables de la región. Con el paso de los años, y gracias al apoyo técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Alcaldía Municipal, los nuevos propietarios dedicaron décadas de esfuerzo y trabajo colectivo, conocido como “convites”, para construir sus casas en las laderas.

Este proceso de autoconstrucción y arraigo ha forjado un profundo sentido de pertenencia en las 27 familias, quienes han invertido no solo recursos materiales, sino también gran parte de sus vidas en la edificación de sus hogares. Muchos de ellos son adultos mayores y campesinos que han encontrado en Villa Estela un refugio y un espacio para reconstruir sus vidas, a menudo marcadas por la violencia y el desplazamiento.

La amenaza de extinción de dominio

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado un proceso para extinguir el dominio sobre estas viviendas. El argumento central de la entidad es el presunto origen ilícito del predio matriz, sobre el cual se construyeron las casas. De concretarse esta acción, los bienes serían destinados al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), una entidad clave en los procesos de justicia transicional del país.

Sin embargo, la paradoja de esta situación radica en que entre los propietarios afectados por la medida se encuentran personas que ya han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado, habiendo sufrido desplazamiento forzado y, en algunos casos, la pérdida de seres queridos por homicidio. Esta realidad plantea un dilema ético y jurídico sobre la aplicación de la justicia en contextos de alta vulnerabilidad.

Un llamado a la justicia proporcional

El abogado Juan Camilo Bolaños Pérez, representante legal de las familias, ha expresado su preocupación por la desproporcionalidad de la medida. Según Bolaños, “exigirle a campesinos vulnerables que en 1993 realizaran auditorías de títulos sobre un programa respaldado por la propia autoridad local es una carga desproporcionada. La justicia transicional no puede despojar a víctimas y campesinos de buena fe para reparar a otros aflicciones”.

Esta declaración subraya la complejidad del caso, donde la búsqueda de reparación para unas víctimas podría, paradójicamente, generar una nueva victimización para otras. La defensa argumenta que las familias actuaron de buena fe, confiando en las instituciones que en su momento avalaron la adjudicación de los terrenos y la construcción de sus viviendas.

Agenda de la jornada en el tribunal

Para visibilizar su situación y presentar formalmente su solicitud de levantamiento de las medidas cautelares, las 27 familias, acompañadas por el abogado Bolaños y líderes comunitarios del sector Villa Estela, se darán cita en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. El evento está programado para el 2 de septiembre de 2026, con la siguiente agenda:

• 2:00 PM: Rueda de prensa y atención a medios en la Plazoleta Externa del Tribunal Superior de Medellín (antiguo ISS, frente al Centro Comercial Monterrey).

• 2:45 PM: Ingreso de la comisión representativa a las instalaciones del Tribunal para presentar su caso.

Este encuentro será una oportunidad crucial para que las familias expongan su versión de los hechos y para que la opinión pública y las autoridades judiciales comprendan la magnitud de la afectación que implicaría la pérdida de sus hogares. La comunidad espera que la justicia transicional, en su búsqueda de reparación, también garantice la protección de los derechos de quienes, sin ser responsables de los crímenes del conflicto, podrían convertirse en nuevas víctimas de sus consecuencias.