Antioquia aprobó política pública para fortalecer el bienestar de los veteranos de la Fuerza Pública

La población veterana de la Fuerza Pública contará con nuevos lineamientos de atención y reconocimiento en Antioquia, luego de que la Asamblea Departamental aprobara por unanimidad una política pública orientada a mejorar sus condiciones de bienestar y las de sus familias.

La decisión quedó formalizada con 21 votos positivos y cero negativos frente al Proyecto de Ordenanza No. 25 del 3 de julio de 2026, denominado “Por medio de la cual se establecen los lineamientos para la implementación de la Política Pública para los Veteranos de la Fuerza Pública en el Departamento de Antioquia”.

La iniciativa busca establecer una hoja de ruta institucional para reconocer, homenajear y promover el bienestar de quienes prestaron servicio en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, además de incluir a diferentes grupos relacionados con la condición de veterano y a sus núcleos familiares.

El alcance de la política contempla a miembros retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas pensionadas por invalidez, reservistas de honor, veteranos de la Guerra de Corea, reservistas víctimas del conflicto armado, integrantes de la Reserva Activa y personal civil administrativo de la Fuerza Pública.

La aprobación de la ordenanza parte de un diagnóstico sobre las condiciones socioeconómicas que enfrenta una parte de esta población en el departamento. Uno de los datos destacados es que apenas el 14 % de los veteranos cuenta con empleo formal, mientras que cerca del 60 % pertenece a los estratos 1 y 2.

El diagnóstico también identifica dificultades relacionadas con el acceso a programas de capacitación, procesos de reconversión laboral y posibilidades de crédito para quienes buscan desarrollar iniciativas de emprendimiento. A esto se suman necesidades vinculadas con la atención integral en salud física y mental.

La nueva política pública establece diferentes líneas de acción dirigidas a responder a esas necesidades. Entre ellas se incluyen medidas relacionadas con salud, educación, empleo, vivienda y subsidios, así como mecanismos de atención preferencial y reconocimiento por el servicio prestado a la Nación.

La intención es que las acciones institucionales no se limiten a homenajes o reconocimientos simbólicos, sino que permitan fortalecer las herramientas disponibles para mejorar las condiciones de vida de los veteranos y sus familias.

Uno de los componentes previstos es el fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales para atender a esta población, buscando una mayor articulación entre las diferentes instituciones responsables de implementar programas y servicios.

La ordenanza también contempla propender por la creación del Consejo Departamental de Veteranos, concebido como un espacio de participación, consulta e interlocución entre la Administración Departamental y la población beneficiaria.

Esta instancia permitiría generar un canal permanente para conocer las necesidades de los veteranos, promover su participación en las decisiones relacionadas con la política pública y facilitar la coordinación de acciones entre las instituciones y las organizaciones que representan a este sector de la población.

La iniciativa aprobada por la Asamblea Departamental se encuentra articulada con el Plan de Desarrollo de Antioquia “Por Antioquia Firme 2024-2027”, con el propósito de incorporar las acciones dirigidas a los veteranos dentro de las políticas y programas que actualmente desarrolla el departamento.

Un aspecto relevante de la ordenanza es que no establece apropiaciones presupuestales autónomas. Su implementación se apoyará en los recursos, programas e instrumentos que ya existen en los niveles nacional, departamental y municipal.

Esto significa que la ejecución de las acciones contempladas deberá realizarse mediante la articulación de las capacidades institucionales y presupuestales disponibles, de acuerdo con las competencias de cada nivel de gobierno.

La aprobación por unanimidad representa un respaldo político de la Asamblea a la necesidad de fortalecer la atención de quienes hicieron parte de la Fuerza Pública y que, después de culminar su servicio, enfrentan diferentes desafíos económicos, laborales, sociales y de salud.

El reconocimiento también alcanza a las familias de los veteranos, consideradas dentro del ámbito de aplicación de la política. De esta manera, las medidas no estarán enfocadas únicamente en quienes prestaron servicio, sino también en sus núcleos familiares y en las condiciones que pueden afectar su bienestar.