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Andrés Julián denunció retrasos del Gobierno en el Túnel del Toyo y advirtió que equipos clave siguen “embodegados”

La tensión entre la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional por la ejecución de la Nueva Vía al Mar volvió a intensificarse. Este jueves, el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó duras críticas contra la administración del presidente Gustavo Petro, a la que acusó de incumplir con sus responsabilidades en uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la conexión del país con Urabá y la competitividad de la región.

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Andrés Julián denunció retrasos del Gobierno en el Túnel del Toyo y advirtió que equipos clave siguen “embodegados”

En medio del debate nacional sobre la ejecución de grandes obras de infraestructura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó nuevamente la gestión del Gobierno Nacional frente al desarrollo de la Nueva Vía al Mar hacia Urabá, especialmente en lo relacionado con el Túnel del Toyo, una de las obras más emblemáticas y estratégicas para el departamento.

El mandatario departamental señaló que la administración del presidente Gustavo Petro ha incumplido compromisos fundamentales para la culminación del proyecto, particularmente en la instalación de los equipos electromecánicos del túnel principal, una responsabilidad que recae sobre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el contratista CALMA.

Rendón aseguró que, a pesar de que el Ejecutivo nacional habría rezagado parte del proyecto, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín decidieron asumir la carga financiera y operativa para evitar la paralización de la obra.

Según el gobernador, ambas entidades territoriales han invertido más de 3 billones de pesos en el Tramo 1 del corredor vial, considerado fundamental para consolidar la conexión con Urabá, una región clave para la proyección económica y portuaria del departamento.

Además, recordó que el Tramo 2, que inicialmente estaba bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional y posteriormente fue cedido a la región, ya supera el 80 % de ejecución. Este avance, destacó, ha sido posible gracias al compromiso institucional y al esfuerzo financiero de Antioquia y Medellín.

En su pronunciamiento, Rendón fue enfático en señalar que el retraso actual no responde a dificultades técnicas en la obra civil, sino a la falta de acción por parte de la Nación en la instalación de componentes esenciales para la operación del túnel.

“La mayor parte de los equipos electromecánicos deben instalarse en el túnel principal, una estructura que se encuentra terminada desde hace más de ocho meses”, explicó el gobernador.

El mandatario añadió que, aunque la galería de rescate aún presenta trabajos finales de drenaje y algunas obras complementarias de impermeabilización, estas no representan un obstáculo técnico para avanzar con la instalación de los equipos necesarios para la puesta en funcionamiento.

“Aunque la galería de rescate avanza en trabajos finales de drenaje y obras complementarias de impermeabilización, estas actividades no representan ningún impedimento técnico para iniciar la instalación de los equipos”, precisó.

Rendón insistió en que el único componente pendiente que depende exclusivamente del Gobierno Nacional es precisamente esa fase electromecánica, la cual, según dijo, debió haber iniciado desde noviembre de 2025.

“Debían haber comenzado instalación desde noviembre de 2025. Pero, la desidia del Gobierno, de la que parece haberse contagiado el contratista CALMA, tiene esos equipos embodegados, acumulando polvo y mugre”, afirmó.

Las declaraciones del gobernador se producen en medio de una creciente controversia política sobre la autoría, financiación y ejecución del proyecto, luego de recientes pronunciamientos del presidente Petro, quien aseguró que la Nación ha destinado más de medio billón de pesos para la culminación del Túnel del Toyo.

Sin embargo, desde Antioquia insisten en que ha sido la región la que ha sostenido financieramente la continuidad de la obra. El cruce de declaraciones evidencia una fractura cada vez más profunda entre la Casa de Nariño y las autoridades locales, en un proyecto que no solo representa desarrollo e integración territorial, sino también un nuevo escenario de disputa política.

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