(ANÁLISIS) Air-e y la incertidumbre energética de la Costa Caribe. Las implicaciones de una eventual liquidación

Una decisión que trasciende a una empresa

La crisis de Air-e no es un problema aislado ni reciente. La situación actual es el resultado de años de dificultades financieras, pérdidas técnicas y no técnicas, altos niveles de morosidad, fraude en las conexiones eléctricas y una compleja estructura de costos que históricamente ha afectado la prestación del servicio en la Costa Caribe.

Por esa razón, el anuncio presidencial sobre una eventual liquidación de la empresa ha generado preocupación entre expertos, empresarios, gremios y usuarios. La discusión no se limita al destino de una compañía intervenida por el Estado. Lo que está en juego es la continuidad del suministro eléctrico para millones de habitantes de departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La electricidad constituye un servicio esencial para hogares, hospitales, sistemas de acueducto, industrias, comercios, puertos y actividades productivas. Cualquier modificación en el operador encargado de la distribución debe estar acompañada de un plan claro que garantice la continuidad de la prestación del servicio.

Precisamente ahí surge una de las principales preocupaciones expresadas por diversos sectores: la necesidad de conocer cuál sería el modelo de transición y quién asumiría las responsabilidades operativas que actualmente tiene Air-e, pues el presidente Petro habla de liquidar, pero no de reemplazar.

El desafío de encontrar un reemplazo viable

La experiencia colombiana demuestra que reemplazar un operador eléctrico en una región compleja no es una tarea sencilla. La Costa Caribe ha sido históricamente uno de los mercados más difíciles para las empresas del sector energético.

Las pérdidas por conexiones ilegales, el bajo recaudo en algunas zonas y las elevadas inversiones requeridas para modernizar la infraestructura han afectado la rentabilidad de los operadores.

La propia historia reciente ofrece ejemplos claros. Antes de Air-e, la región ya había enfrentado la crisis de Electricaribe, cuya liquidación obligó al Estado colombiano a diseñar una compleja estrategia de transición para evitar una emergencia energética.

Por esa razón, la pregunta central no es únicamente si Air-e debe continuar o no operando. La cuestión fundamental consiste en identificar qué empresa, entidad o esquema institucional podría asumir la prestación del servicio bajo condiciones sostenibles.

Sin una respuesta clara a esa pregunta, la incertidumbre aumenta entre usuarios, inversionistas y actores económicos.

La seguridad energética en una región estratégica

La preocupación adquiere mayor relevancia debido a las características climáticas de la región Caribe. Los departamentos costeros registran algunas de las temperaturas más elevadas del país y dependen intensamente del consumo eléctrico para sistemas de ventilación, refrigeración, conservación de alimentos, procesos industriales y actividades comerciales.

Además, la eventual llegada de fenómenos climáticos extremos como el anunciado fenómeno del Niño incrementa la presión sobre la demanda energética. La estabilidad del suministro no es solamente un asunto de comodidad para los usuarios. También está relacionada con la productividad económica, la salud pública y la calidad de vida.

Un sistema energético debilitado tendría repercusiones sobre múltiples sectores que dependen de un flujo constante y confiable de electricidad. Por ello, las decisiones relacionadas con la distribución de energía suelen ser consideradas asuntos de seguridad estratégica para cualquier país.

El impacto sobre la confianza inversionista

Otro aspecto que genera inquietud es el mensaje que una liquidación puede enviar a los inversionistas. El sector eléctrico requiere inversiones permanentes en infraestructura, redes, mantenimiento, tecnología y expansión de cobertura.

Las empresas que participan en este mercado evalúan factores como estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, capacidad de recaudo y sostenibilidad financiera antes de comprometer recursos.

Cuando una empresa operadora enfrenta dificultades severas o termina siendo liquidada, inevitablemente surge un debate sobre las condiciones estructurales del mercado donde operaba. La incertidumbre respecto al futuro del modelo de prestación puede influir en las decisiones de potenciales inversionistas nacionales e internacionales.

En un momento en que Colombia necesita fortalecer su infraestructura energética para responder a una demanda creciente, la confianza del sector privado adquiere una importancia especial. Además, se envía un mensaje peligroso a las empresas del sector que lesiona la confianza en el Estado colombiano, pues la manera de no pagar las deudas es liquidando las empresas.

El problema estructural del recaudo

Diversos análisis coinciden en que uno de los mayores desafíos del sistema eléctrico caribeño continúa siendo el recaudo. Las pérdidas derivadas de conexiones ilegales, manipulación de medidores y altos niveles de cartera vencida han afectado durante años la viabilidad financiera de los operadores.

Air-e viene perdiendo mensualmente más de 200 mil millones de pesos. Esta realidad no puede ignorarse en cualquier discusión sobre el futuro del servicio. Una nueva empresa enfrentaría prácticamente los mismos desafíos que han afectado a los operadores anteriores si no se producen transformaciones significativas en los niveles de pago, control de pérdidas y cultura de legalidad.

Por esa razón, numerosos expertos sostienen que el problema trasciende el nombre del operador. La sostenibilidad del sistema depende tanto de la gestión empresarial como de la capacidad institucional para reducir el fraude, mejorar el recaudo y garantizar condiciones económicas viables para la prestación del servicio, el cambio de cultura y que el gobierno Petro pague las deudas con el sector..

Acreedores, proveedores y estabilidad financiera

La eventual liquidación de Air-e también tiene implicaciones financieras relevantes. Las empresas del sector eléctrico mantienen relaciones contractuales con generadores, comercializadores, bancos, proveedores y múltiples actores económicos.

Cuando una compañía entra en procesos de liquidación, surgen interrogantes sobre el pago de obligaciones pendientes, la recuperación de cartera y la estabilidad de la cadena de suministro. Estos aspectos resultan especialmente sensibles en una industria donde la confianza financiera constituye un elemento fundamental para garantizar la continuidad operativa.

La incertidumbre sobre el manejo de las obligaciones puede generar efectos que trascienden a la empresa intervenida y terminan impactando al conjunto del sistema energético. A este nivel de incertidumbre ha llevado el presidente Petro al sector. El nerviosismo se da en varios frentes y, por lo pronto, no se vislumbra una solución tranquilizadora.

La situación de Afinia y el panorama regional

La discusión sobre Air-e también ha puesto nuevamente bajo la lupa la situación de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), encargada de prestar el servicio en otros departamentos de la Costa Caribe.

Aunque se trata de realidades empresariales diferentes, ambas enfrentan desafíos asociados a recaudo, pérdidas de energía y sostenibilidad financiera. EPM ha manifestado en diferentes escenarios sus preocupaciones frente a las condiciones económicas del mercado donde opera Afinia.

La situación demuestra que los problemas energéticos de la región tienen raíces estructurales y no corresponden exclusivamente a las decisiones de una empresa determinada. La necesidad de soluciones integrales aparece como una constante en los diagnósticos realizados por gremios, expertos y organismos reguladores.

Desde EPM, aseguran que si el gobierno decide pagar sus deudas con el sector, seguramente Air-e no tendría que ser liquidada y Afinia podría continuar con salud para prestar el servicio en condiciones óptimas, volviendo a la normalidad relativa, disminuyendo las presiones financieras que hoy tienen.

El impacto político de la decisión

Como ocurre con cualquier asunto relacionado con servicios públicos, la crisis energética también tiene una dimensión política. La energía es uno de los temas que más afectan la percepción ciudadana sobre la gestión pública debido a su impacto directo en la vida cotidiana.

Las interrupciones del servicio, las tarifas y la calidad de la atención suelen convertirse rápidamente en asuntos de debate público. Por ello, las decisiones relacionadas con Air-e adquieren una especial sensibilidad en un contexto donde la Costa Caribe representa una de las regiones más importantes del país en términos demográficos y económicos.

Sin embargo, más allá de las discusiones políticas, el centro del debate sigue siendo la necesidad de garantizar un servicio estable, eficiente y financieramente sostenible para millones de usuarios. El hecho de que el presidente anuncie la liquidación en la recta final de la campaña a la presidencia tiene una connotación especial con dos visiones, según los analistas de IFMNOTICIAS.

La primera visión es el chantaje a los habitantes de la Costa Caribe, en el sentido de que enviar un mensaje con el anuncio, pues si votan por Cepeda, él traería la solución, una as bajo la manga que solo él conoce dentro del plan del gobierno, y si no votan por él, dejarlos a oscuras sería su venganza.

La segunda es: si pierde Cepeda, dejar que el nuevo eventual presidente, Abelardo de la Espriella, inicie con el pie izquierdo y se desacredite en la costa atlántica porque entraría a solucionar un problema heredado sin quien asuma la prestación del servicio en los tres departamentos, pues no habría empresa que opere y la mitad de la costa estaría apagada justo en medio del fenómeno del Niño.

El reto para el próximo gobierno

Independientemente de la evolución inmediata de Air-e, la realidad es que el próximo gobierno deberá enfrentar uno de los problemas estructurales más complejos del sistema eléctrico colombiano.

La región Caribe necesita inversiones significativas en infraestructura, fortalecimiento institucional, modernización tecnológica y mecanismos efectivos para reducir pérdidas y mejorar el recaudo. Ninguna solución será sostenible si no aborda simultáneamente los factores técnicos, financieros, regulatorios y culturales que han afectado históricamente la prestación del servicio.

La experiencia demuestra que los cambios de operador, por sí solos, no resuelven problemas estructurales. La verdadera discusión gira en torno a cómo construir un modelo energético capaz de garantizar estabilidad para los usuarios, sostenibilidad para los operadores y seguridad para el sistema eléctrico nacional.

El próximo gobierno tiene el reto de dar solución a un problema histórico que hasta hoy persiste y que es un “quebradero de empresas”. Los analistas recuerdan cómo ni los españoles, con su gran capacidad financiera, pudieron sostenerse y hacer que el negocio fuera viable. Ya no se habla solo de rentabilidad, a la que difícilmente se llega, sino de sostenible financieramente.

Otro reto es el cambiar la cultura costeña sobre que no todo es gratis y que producir energía, transportarla y distribuirla tiene altos costos de inversión y que por ello hay que pagar. La cultura de fraude y no pago es un problema que se convierte en endémico y que requiere de campañas de concientización de los recursos y su valor, y es algo que debe iniciarse en las escuelas y colegios para escalarse en el tiempo en un cambio a la cultura de la legalidad.

Pero el reto real está en el modelo que debe adaptarse en la Costa Atlántica, la selección de la empresa que debe asumir ese modelo, bien porque haya que crearla, o porque lo asuma el Estado, o porque se encuentre en el mercado. El gran problema es que no hay tiempo y el fenómeno de El Niño le mete presión no solo a la costa, sino a todo el sector en todo el país.

Más allá de Air-e

La controversia alrededor de Air-e refleja una realidad más amplia: Colombia aún enfrenta desafíos significativos en materia de prestación de servicios públicos en algunas regiones del país.

Si bien estos problemas de Air-e están dados dentro de un sistema interconectado que ha subsistido desde una relativa estabilidad, los problemas graves se extienden a las Zonas No Interconectadas, donde está gran parte de la población desatendida.

En Colombia, la energía eléctrica es un componente esencial para el desarrollo económico, la competitividad empresarial y el bienestar ciudadano. Por esa razón, cualquier decisión relacionada con el futuro de Air-e debe analizarse desde una perspectiva técnica, financiera y estratégica que tenga en cuenta a todo el sector, que, por demás, está regulado por el Estado, que es quien fija las reglas.

La prioridad no puede limitarse a la liquidación o permanencia de una empresa específica. El objetivo central debe ser garantizar que millones de habitantes de la Costa Caribe cuenten con un servicio confiable, sostenible y capaz de responder a las necesidades de una región que continúa siendo uno de los motores económicos más importantes de Colombia.

Los gremios han alertado que liquidar a Air-e es darle un puntillazo que conllevaría un efecto dominó, que el gobierno estaría haciendo un “chu chu chú” similar al que le hizo a la salud, y señalan que el gobierno actual es el responsable de la crisis y podía agravarla. Será una herencia que deberá asumir el gobierno que llegue.

El debate apenas comienza, pero la conclusión es evidente: la solución de fondo no depende únicamente de quién opere el sistema, sino de cómo se corrigen los problemas estructurales que durante décadas han impedido alcanzar una estabilidad energética definitiva en la Costa Caribe.