(ANÁLISIS) El miedo de Petro a perder la campaña de 2026. Debate sobre límites del poder presidencial y la continuidad del proyecto político

Un presidente que sigue siendo el principal actor político del oficialismo

A solo dos días de las elecciones presidenciales en primera vuelta, Gustavo Petro continúa siendo la figura más influyente dentro del sector político que respalda la continuidad de su proyecto de gobierno. Aunque el candidato presidencial es Iván Cepeda, buena parte del debate público sigue girando alrededor del actual mandatario, al punto que Petro pareciera posar como si fuera el candidato a ser elegido.

La razón es evidente. Petro no solo es el jefe de Estado, sino también el principal referente político de la izquierda gobernante. Su imagen, sus discursos y sus intervenciones públicas conservan una capacidad de movilización superior a la de cualquier otro dirigente del oficialismo. Por ello, cada aparición presidencial durante la campaña adquiere una dimensión electoral inevitable.

Las recientes giras del mandatario por distintas regiones del país, particularmente por la Costa Caribe en los últimos días hasta hoy, han sido interpretadas por sectores políticos como una forma de activismo electoral en favor de la continuidad del proyecto progresista. Desde el Gobierno, por el contrario, se insiste en que las actividades corresponden al ejercicio normal de sus funciones y a la presentación de resultados de gestión en una "gira de despedida" que, a la luz de la opinión pública, no obedece a ese motivo, pues aún le quedan algo más de 50 días y más cuando aún no se conoce el nombre de quien lo va a relevar.

Así las cosas, la gira del presidente ha sido interpretada como proselitismo electoral en favor de su proyecto político que tiene un nombre de candidato: Iván Cepeda, demostrando, según los analistas, temor y desesperación, que lo han llevado a jugar en el límite legal de sus acciones, poniendo en riesgo su reputación, legalidad y tranquilidad. La controversia no es nueva. Desde el inicio de su mandato, Petro ha utilizado de manera intensiva las redes sociales, los eventos públicos y los consejos de gobierno televisados como plataformas de comunicación política directa con los ciudadanos.

La preocupación del oficialismo por el escenario electoral

Más allá de las discusiones jurídicas, existe un elemento político que resulta evidente y es la elección presidencial de 2026, lo que representa un plebiscito sobre la continuidad o el cierre del ciclo político iniciado en 2022. Por primera vez en décadas, la izquierda llegó al poder nacional y ahora enfrenta el reto de conservarlo, sobre todo porque Petro no estaría dispuesto a ser juzgado por la historia como un mal experimento que no fue capaz de convencer al pueblo colombiano, de su política de cambio e ideal progresista.

El Gobierno de Petro arriesga en las elecciones su legado y el ego profundo del presidente, también está en juego, más cuando en el balance de su gobierno ha reinado el caos, los escándalos y graves problemas que antes de Petro no tenía el país, o al menos no tan graves como la salud, con una política fracasada, al igual que la de las propuestas de Paz Total, también fracasada y que a la luz de los colombianos fue un fracaso que terminó favoreciendo a los delincuentes en detrimento de la población civil; entre otros temas de fracaso como la política fiscal, la política energética y el deficiente desarrollo de la infraestructura.

Ese contexto explica la intensidad de la campaña. Las encuestas muestran una competencia abierta entre distintas fuerzas políticas polarizadas y reflejan que el resultado final sigue dependiendo de factores como la participación electoral, las alianzas de segunda vuelta y la capacidad de movilización de cada sector.

En ese escenario, la continuidad del proyecto progresista depende en buena medida de la capacidad del oficialismo para defender los resultados de gobierno y convencer a los electores de respaldar su propuesta, cuando ya se le acabó el tiempo. El tema pasa por unas encuestas que, si bien muestran ganando en primera vuelta al candidato oficialista Iván Cepeda, es claro que también lo muestra en su techo, mientras que el candidato de la oposición crece a pasos agigantados.

Por eso Petro sigue siendo un actor central dentro de la discusión política nacional; lo sabe, lo ejecuta y se arriesga a gastar su capital político controvirtiendo la ley, o al menos caminando sobre la delgada línea de la legalidad, haciendo campaña electoral desde el aparato estatal, desequilibrando la balanza de las garantías constitucionales.

La frontera entre gobernar y hacer campaña

Uno de los principales cuestionamientos formulados por sectores de oposición tiene que ver con la delgada línea que separa la acción de gobierno de la actividad proselitista. La Constitución colombiana establece restricciones a la participación política de los servidores públicos, particularmente cuando pueden utilizar la investidura o los recursos del Estado para influir en procesos electorales.

Sin embargo, la aplicación práctica de estas normas se ha vuelto cada vez más compleja. Los presidentes modernos gobiernan comunicando permanentemente. Las redes sociales, las transmisiones institucionales y los eventos públicos han difuminado las fronteras entre la gestión administrativa y la construcción de narrativas políticas.

En el caso de Petro, esa situación se ha vuelto particularmente visible y ha tenido múltiples llamados de atención desde diferentes frentes, que van desde la justicia, que le ha limitado sus alocuciones presidenciales en televisión, hasta las constantes sentencias en su contra que le obligaron a retractarse de sus juicios y opiniones calumniosas y mentirosas, emitidas insistentemente por su cuenta X.

Las reiteradas referencias a la necesidad de preservar los avances de su gobierno, sus críticas a sectores opositores y sus llamados a proteger determinadas reformas han sido interpretados por críticos como una forma indirecta de respaldo a la candidatura de Iván Cepeda. En ese sentido, al Consejo de Estado, lo llamó al orden y le invitó a respetar las reglas democráticas, la ley y la constitución que Petro juró defender y respetar. En ese mismo sentido, son múltiples las denuncias y quejas formuladas por estos comportamientos, al punto que la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes le abrió investigación formal por su participación en política.

Precisamente por esa razón, algunas de sus intervenciones han generado observaciones y llamados de atención desde distintos sectores institucionales, como el caso de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, todos en llamados respetuosos para que el presidente no participe descaradamente en política como lo viene haciendo en favor de su candidato, Iván Cepeda.

El discurso de la polarización como herramienta electoral

Otro de los elementos que ha marcado esta campaña es el uso de narrativas altamente polarizadas. En varios discursos recientes, el presidente ha planteado la elección como una confrontación entre dos modelos de país profundamente distintos, atizando la polarización extrema.

La estrategia no es exclusiva de Colombia. En democracias de todo el mundo, los líderes políticos suelen presentar las elecciones como decisiones trascendentales entre proyectos opuestos. Sin embargo, cuando estas narrativas se vuelven demasiado extremas, pueden aumentar la tensión política y profundizar la división social.

Petro en las últimas semanas no ha cesado en hacer llamados a los electores para votar por el progresismo, haciendo énfasis en la polarización extrema al señalar candidatos "de la vida y de la muerte", llevando al electorado a que piense en definir su voto entre el temor y la esperanza como narrativas de una violenta radicalización.

El oficialismo sostiene que busca proteger transformaciones sociales impulsadas durante el actual gobierno y que, para lograr avanzar, necesita más tiempo y que ese tiempo se garantiza con la elección del candidato del continuismo, sin mencionarlo, pero dejando claro quién es, pues no existe otro candidato oficialista entre la baraja de candidatos presidenciales más que Iván Cepeda.

La oposición argumenta que el Gobierno intenta presentar cualquier alternativa política como una amenaza para el país y con ello utilizar el presupuesto en actividades presidenciales que realmente son proselitistas de campaña, en una desigualdad en los recursos empleados por las campañas que tienen tope, mientras que el presidente destina miles de millones adicionales del presupuesto nacional, haciendo creer que son actividades de gobierno.

La consecuencia es un ambiente electoral cada vez más confrontacional, radicalizado y de acusaciones al presidente y su figura, que debería guardar la neutralidad como garante de la constitución, las normas, la ley y la moral democrática.

El temor a perder el poder y la defensa del legado

Todo gobierno que se aproxima al final de su mandato enfrenta un desafío similar: defender su legado. En el caso de Gustavo Petro, ese desafío tiene una dimensión adicional. Su administración no se presentó únicamente como un cambio de gobierno, sino como un cambio de modelo político que no ha convencido a gran parte del pueblo colombiano.

Petro, durante su gobierno, se dedicó a estigmatizar a gran parte de la población mientras se concentró en beneficiar de manera desigual e inequitativa a otros sectores, entre ellos unos muy polémicos como los cabecillas de bandas criminales organizadas, grupos guerrilleros y sus cabecillas, delincuentes, indígenas de minga criticados por algunas otras etnias que no han tenido la misma atención y sectores territoriales del país a los que ha dado mayor importancia, olvidando otros, en una tendencia de beneficiar a sus seguidores ideológicos y no a todo el país que gobierna.

Por ello, una eventual derrota electoral sería interpretada por amplios sectores del oficialismo como un rechazo a buena parte de las reformas impulsadas durante estos años, reformas que van en contra de una gran parte del país que Petro ha insistido en ignorar, estigmatizar y atacar con sus narrativas anquilosadas como lucha de clases y posturas de radicalización ideológica.

Esa percepción ayuda a explicar la intensidad con la que el Gobierno defiende sus resultados y la frecuencia con la que sus principales dirigentes participan en el debate público. Buscan cobrar a esa parte de la población con fidelidad al voto a cambio de lo que les han dado desde el gobierno, pero esa parte de la población no es la mayoría, por lo que el temor de Petro y el progresismo es que no le alcance para lograr mantener el proyecto político progresista en el poder por cuatro años más.

No se trata únicamente de una disputa por cargos. También existe una disputa por la continuidad o modificación de un proyecto político que por primera vez en la historia tuvo su oportunidad y que no brilló, no logró convencer del todo y que deja muchas dudas. Se trata de que Petro y su equipo buscan que esta no se convierta en una oportunidad perdida. El temor está en que, si pierden el poder, tarden décadas en volver a lograrlo.

Iván Cepeda y el reto de construir autonomía política

La situación también plantea un desafío para la candidatura de Iván Cepeda. Aunque es una figura reconocida dentro de la izquierda colombiana y posee una trayectoria política propia, su campaña enfrenta la dificultad de construir identidad independiente frente al peso político de Gustavo Petro.

En muchas ocasiones, el debate gira más alrededor del actual presidente que del propio candidato. Esa circunstancia tiene ventajas y riesgos. Por un lado, permite aprovechar el respaldo de los sectores que apoyan al Gobierno. Por otro, obliga a asumir los costos políticos asociados a los niveles de aprobación y desaprobación que registra la administración Petro.

La campaña de Cepeda se desarrolla, en buena medida, bajo la sombra de la evaluación ciudadana del actual gobierno, y el presidente Petro no le ayuda, pues al salir a la plaza pública a defender su proyecto político e intentando conducir el voto para Cepeda, Petro transfiere las inconformidades y la confusión entre la figura del presidente y el proyecto político, dejando de lado al candidato.

Esta situación ha hecho que, en la campaña y en los medios, el tema sea el presidente, no el candidato Cepeda, quien optó por no dar entrevistas, no participar en debates y no exponerse mediáticamente. Esto hace que haya sido Petro quien ocupe la agenda nacional electoral, con sus escándalos, sus delgadas líneas entre gobernar y hacer política electoral y la confusión entre Petro y Cepeda. Petro actúa como si fuera el candidato y esto lesiona la independencia y autonomía política del aspirante a la presidencia.

Los analistas consideran que este error de estrategia será evidenciado, principalmente, en la segunda vuelta electoral, si es que ese escenario se presenta.

Las denuncias sobre participación indebida en política

Las críticas de la oposición han ido más allá de los discursos. Diversos sectores políticos han cuestionado la utilización de actos públicos, programas gubernamentales y actividades institucionales durante el periodo electoral. Las denuncias apuntan a una posible utilización política de la gestión pública.

Desde el oficialismo se rechazan estas acusaciones y se sostiene que las acciones del Gobierno corresponden al cumplimiento normal de sus obligaciones administrativas. Estas acciones del presidente, aparte de rayar con la ilegalidad, serán utilizadas por la oposición para debilitar políticamente al candidato de la izquierda, con un nuevo elemento narrativo, sobre el irrespeto a las reglas y la normatividad, lo que deslegitima la actividad proselitista de la izquierda al quedar señalada de hacer política de manera ilegítima y "tramposa".

Sin embargo, la controversia revela una realidad evidente: la confianza en la neutralidad institucional se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña. En una democracia, no basta con que las instituciones sean imparciales. También deben parecerlo ante los ojos de la ciudadanía. Cuando surgen dudas sobre esa imparcialidad, la legitimidad del proceso electoral puede verse afectada.

El Gobierno de Gustavo Petro abunda en esta situación. El propio presidente ha dado órdenes a sus funcionarios para que se muestren los logros de su administración como una publicidad que otorga transferencia a su candidato. En este sentido, también los funcionarios han salido a hacer uso de sus redes sociales y a utilizar los canales de comunicación estatales, para promover los ideales políticos que defendería Iván Cepeda.

Así las cosas, se cuentan por decenas las denuncias de funcionarios que vienen siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación por participación indebida en política. Varios de esos funcionarios, han sido suspendidos y muchos otros dejados en evidencia a través de redes sociales, lo que ha generado fuerte indignación en la población y la opinión.

La importancia de las garantías democráticas

El verdadero desafío para Colombia no consiste únicamente en determinar quién ganará las elecciones. La cuestión fundamental es garantizar que todos los actores compitan bajo reglas claras y equilibradas. La fortaleza de una democracia se mide precisamente por la confianza que generan sus instituciones durante los procesos electorales.

Por ello, organismos de control, autoridades electorales y tribunales adquieren una responsabilidad especial en momentos como el actual. Su función consiste en garantizar que las normas se cumplan de manera uniforme para todos los sectores políticos. La percepción de favoritismo o tolerancia selectiva puede convertirse en un factor de desconfianza ciudadana.

En este sentido, entidades como la Procuraduría han sido señaladas de actuar con tibieza y tolerancia ante las evidencias de participación en política, al punto que el Consejo de Estado le ha recordado al procurador Gregorio Eljach que el hecho de que no pueda investigar al presidente no le impide hacer las alertas y llamados de atención que puedan servir para que la Comisión de Acusaciones tome las medidas pertinentes.

La propia Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes ha sido objeto de fuertes críticas por su papel pasivo ante las actuaciones públicas de Gustavo Petro, en lo que los partidos de oposición consideran una participación indebida en política y la violación del principio de neutralidad electoral que debe tener la figura presidencial.

Uno de los efectos más visibles del actual clima político es el aumento de la polarización. La intensidad de los discursos, las acusaciones cruzadas y las controversias permanentes han convertido la campaña en una confrontación constante. Ese fenómeno puede tener consecuencias negativas para la calidad del debate democrático.

Cuando la discusión se centra exclusivamente en el miedo al adversario, los temas de fondo como economía, seguridad, empleo, salud o educación; corren el riesgo de quedar relegados. Los ciudadanos necesitan información sobre propuestas concretas, no únicamente sobre advertencias respecto a los riesgos de una eventual victoria del contrario.

Una elección que definirá el rumbo político del país

La campaña presidencial de 2026 se ha convertido en una de las más trascendentales de los últimos años. Para el oficialismo representa la posibilidad de consolidar un proyecto político iniciado en 2022 con el temor de perder la oportunidad de mantenerse en el poder con la duda de si en el futuro podrá volver a tenerlo.

Para la oposición, constituye la oportunidad de plantear una alternativa que frene el modelo de país excluyente que ha impulsado Gustavo Petro. En medio de esa disputa, el papel del presidente seguirá siendo objeto de debate. Su protagonismo político, sus intervenciones públicas y su influencia sobre el electorado continuarán ocupando un lugar central en la discusión nacional, evidenciando su temor, su miedo y su ego comprometido en lo que llama su legado.

La pregunta que acompañará el resto de la campaña no será únicamente quién ganará las elecciones, sino hasta dónde puede llegar un presidente en ejercicio al defender la continuidad de su proyecto político sin desdibujar las fronteras institucionales que garantizan la equidad democrática.