Gobierno entrante alertó riesgos jurídicos en decreto sobre tierras y anunció revisión a fondo

Una nueva controversia sobre la política agraria en Colombia se abre tras el pronunciamiento del ministro de Agricultura designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. A través de un comunicado oficial, el equipo entrante manifestó su preocupación por los efectos del Decreto 765 de 2026, expedido durante el actual Gobierno, al considerar que podría generar riesgos jurídicos en el manejo de tierras rurales.

El pronunciamiento fue liderado por Indalecio Dangond, quien asumirá la cartera de Agricultura, y quien advirtió que la norma “abre una seria preocupación para el campo colombiano”, especialmente por la forma en que se plantea la transferencia de predios rurales.

De acuerdo con el comunicado, el decreto acelera el traslado de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales hacia la Agencia Nacional de Tierras, incluso en casos donde aún existen procesos judiciales en curso. Esta situación, según el equipo entrante, podría derivar en disputas legales y afectar derechos de distintos actores vinculados a la propiedad rural.

Dangond fue enfático en señalar que cualquier reforma agraria debe sustentarse en bases sólidas desde el punto de vista jurídico. “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos, saneamientos acelerados, cancelación de cargas y entrega anticipada de predios cuya situación legal aún puede generar controversias”, afirmó.

En esa misma línea, subrayó la necesidad de garantizar el respeto por todas las partes involucradas en estos procesos. “El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, puntualizó el ministro designado.

El comunicado también deja ver una clara diferencia de enfoque entre el Gobierno saliente y el entrante en materia de tierras. Mientras la administración actual ha impulsado medidas para acelerar la reforma agraria, el nuevo equipo insiste en que la prioridad debe ser la seguridad jurídica como base para cualquier transformación estructural en el campo.

En ese contexto, se anunció que una vez asuma funciones el nuevo Gobierno, se revisará el alcance del decreto con el objetivo de introducir ajustes que permitan armonizar la política de tierras con el Estado de Derecho. La intención, según el documento, es evitar que las decisiones apresuradas terminen generando nuevos conflictos sobre la propiedad rural.

“El Gobierno entrante revisará el alcance de este decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de Derecho”, señala el comunicado.

Finalmente, desde la Oficina de Prensa del presidente electo se insistió en que la reforma agraria debe convertirse en un motor de desarrollo y no en un factor de incertidumbre. En ese sentido, se planteó que esta política debe “producir confianza, inversión, productividad y paz, no nuevos conflictos sobre la propiedad rural”.