Abelardo de la Espriella solicitó a la Corte Penal Internacional investigar al presidente Gustavo Petro por presunta instigación a crímenes de lesa humanidad

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella radicó una solicitud ante la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que pide activar una investigación contra el presidente Gustavo Petro Urrego. La petición se fundamenta en hechos que, según el documento, constituirían presuntamente instigación a crímenes de genocidio y de lesa humanidad.

En la comunicación, fechada en septiembre de 2025 y dirigida a la CPI, De la Espriella se identifica como ciudadano colombiano y precandidato presidencial, argumentando que actúa en nombre propio y en ejercicio de sus derechos ciudadanos. Señala que su petición se sustenta en la reciente resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Colombia tras la oleada de atentados terroristas ocurrida este año.

El documento recuerda que el Parlamento Europeo, en resolución del 11 de septiembre de 2025, condenó “en los términos más enérgicos el asesinato del senador colombiano y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay”, subrayando que “el asesinato de Uribe no es una tragedia aislada, sino que forma parte de un clima más amplio de intimidación política y violencia en Colombia”.

De la Espriella destaca que dicha resolución también instó a las autoridades a investigar estos crímenes “para llevar a los autores ante la justicia”, señalando que se debe investigar “no solo a las personas que cometieron los actos, sino también a los instigadores y facilitadores que las sustentan”.

En su escrito, el precandidato sostiene que el Parlamento Europeo advirtió sobre las “declaraciones incendiarias difundidas por la Presidencia y actores políticos que han contribuido a aumentar la polarización, la violencia política, la incitación al odio y la inestabilidad en el país”. Según De la Espriella, estas afirmaciones refuerzan su solicitud de abrir una investigación internacional.

El documento también hace referencia a la situación de seguridad en las zonas fronterizas con Venezuela, señalando la presencia de estructuras transnacionales vinculadas al narcotráfico como el cartel de los Soles. En ese sentido, argumenta que existe una complicidad documentada de altos funcionarios del régimen venezolano y que este nexo transfronterizo “no solo alimenta el terrorismo y refuerza a los grupos insurgentes y disidentes colombianos, sino que también supone una amenaza directa para la estabilidad regional”.

El escrito sostiene que, bajo la figura del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional estaría facultada para investigar los hechos, en la medida en que las autoridades colombianas “no lo hacen de una forma eficiente y se amangualan políticamente para engavetar las investigaciones”.

De la Espriella afirma que como precandidato presidencial de la oposición también es víctima “constante de sus declaraciones incendiarias y con odio hacia nosotros quienes queremos un mejor país”.

El documento concluye señalando que la conducta a investigar corresponde a las definiciones de genocidio y crímenes de lesa humanidad incluidas en los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma, haciendo especial énfasis en la persecución contra grupos políticos de oposición en Colombia.