En las últimas horas, la Comisión Civil de la Verdad Herbin Hoyos Medina y el ciudadano Sergio Alzate, instauraron una Denuncia Penal Internacional contra Gustavo Petro Urrego, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ante la Audiencia Nacional de España. En el documento se afirma que es necesario que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Sala de Primera Instancia de la CPI condene a Petro Urrego por distintas infracciones al Derecho Internacional.
Asimismo, se invoca la justicia penal internacional en la denuncia presentada ante el despacho del magistrado Joaquín Elías Gadea Francés, quien está a cargo del sexto juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional de España. De igual forma, Sergio Alzate señala que en su calidad de víctima del M-19, y como colombiano que padeció los «actos de terror generalizado, masivo, sistemático y continuado por parte del grupo M-19 liderado por Gustavo Petro alias el comandante Andrés, de la compañía Jorge Eliecer Gaitán», presenta la denuncia para el análisis judicial tanto de la Audiencia Nacional como de la Corte Penal Internacional.
En un exhaustivo documento, de 141 páginas, la Comisión y Alzate hacen un recuento minucioso de las actividades criminales y terroristas del M-19, desde su fundación, hasta el momento en que accedieron a la desmovilización.
Adicionalmente, la denuncia destaca el daño humanitario causado por el M-19 en Colombia, haciendo énfasis en que las víctimas del grupo terrorista «no han gozado de una justicia efectiva, no conocen la verdad de lo ocurrido ni sus causas ni los responsables de dichos crímenes, y sus máximos determinadores hoy gozan de impunidad total sin brindar garantías de no repetición, sin expresar arrepentimiento sino por el contrario, exaltando como honorables sus hechos de horror y dolor al que han sometido a sus víctimas».
Posteriormente, la denuncia establece que Gustavo Petro Urrego, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, militó en el M-19 con el alias de comandante Andrés y dirigió militarmente la compañía Jorge Eliecer Gaitán, a través de la cual cometió masivas violaciones a los derechos humanos.
Concretamente, el documento señala que el accionar criminal de Petro Urrego, «deja un prontuario amplio que se puede resumir en la responsabilidad en calidad de determinador, instigador, ejecutor o cómplice de 126 tomas guerrilleras en atentados masivos contra la indefensa población civil colombiana, 557 graves privaciones de la libertad, más 5.000 crímenes de homicidio, desaparición y secuestro de colombianos y extranjeros, en los cuales se destacan periodistas, empresarios, menores de edad, altos diplomáticos de múltiples países y el reclutamiento forzado y entrenamiento militar a miles de menores de edad para la comisión de graves crímenes contra la humanidad».
De igual forma, el documento precisa la participación de Gustavo Petro en el secuestro, tortura y magnicidio del líder sindical José Raquel Mercado, de quien afirma,
fue «asesinado el día 19 de abril de 1976 a manos de Gustavo Petro Urrego, quien también fue su apresor».
Además, en la denuncia se responsabiliza a Petro por el secuestro de seis periodistas y «la planeación, desarrollo y posterior ejecución de la toma de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, hecho conocido como el Holocausto del Palacio de Justicia.»
Sobre el particular, la denuncia indica que Petro Urrego fue el encargado de «liderar, armar y preparar a los hombres de la primera escuadra del segundo pelotón, responsable de los denominados rehenes fundamentales».
Gustavo Petro: una biografía de sangre, destrucción y muerte
La denuncia presentada por la Comisión Civil de la Verdad Herbin Hoyos Medina y Sergio Alzate, hace un recuento minucioso de la biografía de Gustavo Francisco Petro Urrego, también conocido como alias Comandante Andrés, «Aureliano», «Petro», «Gustavo» y «Gabriel».
Cuenta el informe que ingresó a las juventudes del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación EPL y, posteriormente, entró al grupo guerrillero M-19. Dice la denuncia que «entre el 17 de febrero de 1985 y el 8 de marzo de 1.990, fue un alto líder de la Dirección Nacional del grupo guerrillero M-19 y comandante de la Compañía Jorge Eliecer Gaitán, un grupo con 7.000 hombres armados y con influencia en Bogotá D.C., Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Tolima, Santander, Antioquia, entre otros departamentos de Colombia, e incidencia internacional en países como Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Libia, Cuba, El Salvador y Nicaragua».
Además, señala que Petro, «como líder superior de la milicia en la Dirección Nacional del M-19, sabía que su conducta era parte de uun ataque generalizado y sistemático contra la población civil de conformidad y en apoyo de la política de terror implementada y decidida en la IX Conferencia del Grupo M-19 realizada entre los días 14 y 17 de febrero de 1985, en el lugar denominado, los Robles, cerca de Yarumales».
Otro hecho relevante en la denuncia es que establecer una relación directa de Petro Urrego con el capo del Cartel de Medellín y cabecilla de Los Extraditables: «El comandante Andrésse reunió con Pablo Escobar en Medellín en varias ocasiones […] Gustavo Francisco Petro Urrego también recibió armas y dinero de Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, que distribuyó a la Milicia M-19».
En otro aparte, la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional de España indica que las armas hurtadas en el Cantón Norte, «fueron guardadas en caletas en Bogotá y en Zipaquirá por Gustavo Francisco Petro Urrego, el comandante Andrés Aureliano, en el barrio Bolívar 83».
Asimismo, el documento destaca la activa participación de Gustavo Petro Urrego en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), asegurando que «el comandante Andréstambién recibió expresiones públicas de apoyo de altos mandos guerrilleros del M-19 y de las otras guerrillas de la Coordinadora Nacional Guerrillera, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y las guerrillas latinoamericanas que hacían parte del Batallón América,» grupos responsables de un sinnúmero de acciones terroristas y violaciones de los derechos humanos en todo el territorio nacional. Es importante aclarar que, en la denuncia, se enlistan los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el M-19 como parte de la CGSB.
Finalmente, el documento señala que la «CPI cuenta con la potestad de activar su jurisdicción para el caso en Colombia, debido al consentimiento manifestado y probado por Colombia para obligarse con el Estatuto de Roma», teniendo en cuenta que están «dados los presupuestos en cuanto al tiempo, la materia, el lugar y las personas que bien pudieren individualizarse como máximos responsables de crímenes de competencia de la CPI.»
ESTE ES EL DOCUMENTO COMPLETO DE LA DENUNCIA INSTAURADA HACE POCAS HORAS ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA:
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