Fiscalía lleva a juicio al exgobernador de San Andrés Everth Hawkins por obra de $11.125 millones en Haynes Cay

El paso de imputado a acusado

En el procedimiento penal colombiano, la radicación del escrito de acusación significa que la Fiscalía considera tener elementos suficientes para sostener ante un juez que el delito existió y que el procesado sería responsable. Con ese documento termina la etapa de investigación y comienza la de juicio, en la que la defensa podrá controvertir las pruebas.

El pasado 27 de agosto una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó a Hawkins los dos delitos, cargos que no aceptó. Hasta el momento, las fuentes consultadas no reportan una medida de aseguramiento en su contra ni la fecha en que se instalará la audiencia de acusación. Como cualquier procesado, el exgobernador conserva la presunción de inocencia mientras no exista una condena en firme.

Un proyecto turístico sin licencia

El contrato, de carácter interadministrativo, tenía un valor de $11.125 millones y buscaba el mejoramiento urbanístico de Haynes Cay, uno de los cayos turísticos del archipiélago, con la construcción de una plataforma, kioscos y un muelle de acceso.

De acuerdo con la Fiscalía, la Gobernación acudió a la contratación directa cuando la ley exigía una licitación pública, y presentó el objeto como una "gerencia estratégica" aunque en realidad se trataba de una obra de infraestructura. El ente acusador también señala que el estudio de mercado fue insuficiente, que el proyecto no estaba inscrito en el banco de proyectos departamental, que no contaba con las autorizaciones requeridas y que Aremca no acreditaba la experiencia técnica necesaria. La asociación, a su vez, subcontrató la ejecución de la obra y la interventoría.

En enero de 2023 la Gobernación giró $10.847 millones a una fiducia constituida por Aremca. Las obras comenzaron el 20 de abril de ese año sin licencia ambiental de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) ni permisos de la Dirección General Marítima (Dimar). La plataforma y los kioscos se levantaron, pero podrían ser demolidos por falta de permisos; el muelle nunca se construyó y los trabajos terminaron suspendidos.

El papel atribuido al exgobernador

Aunque la firma del contrato fue delegada en el entonces secretario de Infraestructura, la Fiscalía sostiene que Hawkins intervino en la orientación del presupuesto, en la escogencia del contratista y en la definición de la modalidad de contratación, y que conocía las anomalías del trámite, los desembolsos y la posterior suspensión de la obra.

Según los peritajes del ente investigador, el detrimento patrimonial supera los $4.330 millones y se explica por sobrecostos, recursos no ejecutados ni reintegrados y descuentos por impuestos, estampillas y sobretasas que no se aplicaron.

La red de contratos con Aremca

El caso hace parte del trabajo de un grupo de tareas especiales integrado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción. De acuerdo con la Fiscalía, en seis meses ese equipo ha judicializado a 28 personas por el presunto direccionamiento de más de 1.252 contratos que suman más de $3,7 billones.

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió en diciembre de 2025 un proceso disciplinario contra Hawkins y dos exsecretarios departamentales por otro contrato, este de mejoramiento de ambientes escolares, financiado con regalías por más de $8.500 millones y también ejecutado por Aremca. Ese expediente es independiente de la acusación penal.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Fiscalía llamó a juicio al exgobernador Everth Hawkins?

Se le acusa de presuntas irregularidades en un contrato de $11.125 millones para obras en el islote Haynes Cay, las cuales habrían generado un detrimento patrimonial superior a los $4.330 millones.

¿Cuáles fueron las principales fallas detectadas en el proyecto?

La Fiscalía señala que se omitió la licitación pública, el contratista no tenía la experiencia técnica necesaria y las obras iniciaron sin licencias ambientales ni permisos de la Dimar.

¿Qué papel habría desempeñado el exgobernador en estas irregularidades?

Aunque no firmó directamente, el ente acusador sostiene que Hawkins intervino en la orientación del presupuesto, la elección del contratista y conocía las anomalías del proceso y los desembolsos.