UNP destinó más de 2.700 millones para mulas y bastones de mando en comunidades indígenas

La Unidad Nacional de Protección (UNP) adjudicó un contrato por 2.733 millones de pesos para la compra de mulas y bastones de mando, como parte de los esquemas de seguridad colectiva dirigidos a comunidades indígenas en zonas rurales del país.

El director de la entidad, Augusto Rodríguez, explicó que la medida no es improvisada, sino que corresponde a una estrategia vigente desde hace años para garantizar la protección en territorios donde no son viables los esquemas tradicionales.

Rodríguez aclaró que se trata de mulas y no de burros, y que su uso se enmarca dentro de la llamada ruta colectiva de protección, un mecanismo diseñado para salvaguardar comunidades enteras en áreas afectadas por grupos armados ilegales y economías ilícitas. Según la UNP, este tipo de medidas se aplican en regiones donde la infraestructura vial es precaria y los vehículos blindados o escoltas armados no resultan funcionales.

La entidad distingue entre dos modalidades de protección: la individual, que aplica a personas en riesgo particular y contempla carros blindados, escoltas y chalecos antibalas, y la colectiva, dirigida a comunidades en zonas rurales. “Tenemos cerca de 600.000 personas cubiertas con la ruta colectiva. En territorios donde no hay carreteras entregamos lanchas, y en zonas montañosas mulas para transporte de productos y personas enfermas”, señaló el director de la UNP en una entrevista reciente.

El contrato también incluye la entrega de bastones de mando, considerados elementos simbólicos dentro de las comunidades indígenas y que refuerzan su autonomía. De acuerdo con Rodríguez, estas herramientas no solo representan liderazgo y resistencia cultural, sino que además forman parte de la estrategia de protección integral.

El director insistió en que el objetivo va más allá de la seguridad física, pues busca crear condiciones para que las comunidades permanezcan en sus territorios con garantías de desarrollo social. “Cuando las personas pueden sacar sus productos al mercado, se generan economías legales distintas a las ilícitas. Eso también es protección”, explicó.

Ante versiones que circularon sobre un supuesto uso de dispositivos de rastreo en los animales, Rodríguez lo negó de manera tajante: “No se les pone GPS a las mulas. Esa es una narrativa para ridiculizar la protección colectiva”.

El esquema de protección colectiva está respaldado por los decretos 1066 de 2015 y 2078 de 2017, que facultan a la UNP para coordinar acciones con otras instituciones del Estado. Según Rodríguez, la medida no es exclusiva de la actual administración, ya que ha sido implementada en gobiernos anteriores.

La decisión, aunque ha generado debate en la opinión pública, se enmarca en la necesidad de adaptar los mecanismos de seguridad a contextos rurales y étnicos donde las condiciones difieren de las ciudades. La UNP sostiene que este modelo responde a solicitudes expresas de las comunidades durante los procesos de concertación.