Sindicatos convocaron a paro nacional en Ecuador tras reforma que extendió jornada laboral

Las principales organizaciones sindicales de Ecuador anunciaron una movilización nacional para el 13 de marzo, luego de que el Ministerio de Trabajo emitiera el Acuerdo MDT-2026-046 que abrió la posibilidad de tener jornadas de trabajo de 10 hasta 12 horas al día.

La convocatoria a las marchas se da justo en una creciente tensión entre el Gobierno y los gremios laborales, que consideraron que la medida representaba un retroceso en derechos conquistados. 

En este sentido, el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), junto con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), rechazaron públicamente el acuerdo y adelantaron que presentarían demandas de inconstitucionalidad.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, sostuvo en declaraciones públicas que no existían estudios técnicos que demostraran que ampliar o redistribuir la jornada diaria generaría más empleo, según explicó, la propuesta permitiría a los empleadores organizar los turnos con mayor discrecionalidad, lo que, a su juicio, podría debilitar la estabilidad laboral y afectar ingresos.

Los dirigentes advirtieron que, si se concentraban más horas en menos días, se corría el riesgo de reducir el pago de horas suplementarias y extraordinarias, recargos que en algunos casos representaban hasta un 30 % adicional del salario. 

Por otro lado, también alertaron sobre un posible impacto en los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y sobre eventuales despidos, especialmente en gobiernos locales.

José Villavicencio, vicepresidente del FUT, vinculó la reforma laboral con cambios recientes en la normativa presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que establecía que el 70 % de sus recursos debía destinarse a gasto no permanente. 

Nelson Erazo, presidente de la organización sindical Frente Popular, estimó que más de 200.000 empleos en el ámbito provincial y municipal podrían verse comprometidos si las disposiciones avanzaban sin modificaciones.

Mientras que desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo de Daniel Noboa, Harold Burbano, defendió el acuerdo en entrevistas televisivas y aseguró que no se eliminaban derechos ni se incrementaba el límite semanal de 40 horas. Explicó que la reforma buscaba actualizar la normativa laboral y ofrecer seguridad jurídica tanto a empleadores como a trabajadores.

Burbano señaló que la distribución de hasta 10 horas diarias debía darse por mutuo acuerdo y que los recargos por horas suplementarias, nocturnas o trabajo en fines de semana se mantendrían conforme a la ley. Además, precisó que ciertos sectores, como el transporte y actividades con regulaciones especiales, entre ellas radiología, seguirían sujetos a límites específicos de seguridad y descanso.

El funcionario subrayó que el acuerdo aún no entraba en vigencia, ya que requería su publicación en el Registro Oficial para tener efecto legal. Desde el inicio, el Gobierno ha insistido en que la medida busca modernizar la organización del trabajo sin afectar derechos adquiridos, no obstante, los gremios denunciaron que la sola firma del acuerdo ya generaba incertidumbre en empresas e instituciones públicas.