Rodrigo Lara alertó por retiro de seguridad a congresista y advirtió riesgos tras atentado en Huila

En medio de una creciente controversia por las garantías de seguridad a líderes políticos en Colombia, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, lanzó una fuerte advertencia sobre el retiro del esquema de protección al representante a la Cámara César Triana. Según el funcionario, la decisión no solo es cuestionable desde el punto de vista administrativo, sino que podría poner en riesgo la vida del congresista.

“Protesto y solicito a la UNPColombia que restablezca de inmediato las medidas de seguridad retiradas al Representante César Triana”, expresó Lara, al referirse a la actuación de la entidad encargada de evaluar y asignar esquemas de protección en el país.

El pronunciamiento se da en un contexto particularmente delicado. Hace apenas unos meses, Triana fue víctima de un atentado atribuido a disidencias de las antiguas Farc, mientras se desplazaba por una carretera del departamento del Huila. El ataque encendió las alarmas sobre los riesgos que enfrentan los líderes políticos en regiones con presencia de grupos armados ilegales.

Para Lara, la decisión de retirar el esquema de seguridad resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta este antecedente reciente. “Hace apenas unos meses fue víctima de un atentado de las disidencias de las Farc en una carretera del Huila”, recordó el ministro designado, subrayando la vulnerabilidad en la que podría quedar el congresista.

La polémica se intensificó luego de que el propio Lara sugiriera que la medida podría tener motivaciones políticas. En su declaración, fue enfático al señalar que “retirarle el esquema por retaliación política no es un acto administrativo: es convertir al gobierno en cómplice de quienes atentan contra la vida de la oposición”.

Estas afirmaciones han generado reacciones en distintos sectores políticos, donde crece la preocupación por las condiciones de seguridad de los dirigentes, especialmente aquellos que han sido objeto de amenazas o ataques previos. Analistas advierten que decisiones de este tipo podrían enviar un mensaje equivocado en un país donde la violencia política sigue siendo una realidad latente.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección no se ha pronunciado de fondo sobre el caso, mientras se espera que revise la situación del representante Triana y determine si procede la restitución de su esquema de seguridad.

Entre tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de garantizar la protección efectiva de todos los actores políticos, sin distinción, y han pedido transparencia en los criterios utilizados para asignar o retirar medidas de seguridad.