Reclutamiento de menores: MinDefensa insistió en actuar contra las estructuras criminales

El ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora López, se refirió al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y sostuvo que una de las principales acciones para prevenir esta práctica consiste en enfrentar de manera directa a las estructuras criminales responsables de estas actividades.

La declaración fue realizada durante el debate adelantado en el Senado alrededor de las operaciones de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas ilegales y de los procedimientos utilizados en los ataques contra sus campamentos. Mora López defendió ante los congresistas la actuación de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Durante su intervención, el jefe de la cartera de Defensa planteó que las capacidades operativas de las organizaciones ilegales representan una amenaza que debe ser enfrentada por el Estado. En ese contexto, señaló que la responsabilidad constitucional de proteger a la población exige actuaciones de la Fuerza Pública frente a las estructuras que desarrollan actividades criminales.

El ministro relacionó esta discusión con el reclutamiento y utilización de menores de edad. Según la posición expresada por el Gobierno, las organizaciones armadas incorporan a niños, niñas y adolescentes a sus estructuras, por lo que las operaciones dirigidas contra esos grupos también buscan afectar las capacidades con las que desarrollan sus actividades ilegales.

Mora López había señalado previamente que el reclutamiento y la utilización de menores en el conflicto constituyen un crimen de guerra. La cartera de Defensa también ha informado sobre acciones de prevención y operaciones destinadas a recuperar menores que permanecen vinculados a organizaciones armadas.

El pronunciamiento se produjo en medio de la controversia generada por operaciones militares recientes en Guaviare y Catatumbo, en las que se confirmó la presencia de menores de edad entre las personas fallecidas. En el caso de una operación realizada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores, de 15, 15 y 16 años, según reportes publicados sobre el caso.

Frente a estos hechos, el ministro ha sostenido que las operaciones militares se desarrollan bajo procedimientos de planeamiento, análisis de inteligencia, revisión jurídica y autorización de los mandos correspondientes. También ha afirmado que los objetivos de las operaciones son las estructuras armadas y no los menores por su condición de víctimas del reclutamiento.

La discusión también ha llegado a los escenarios judiciales. Una decisión conocida en septiembre estableció que, cuando exista información objetiva sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados en un objetivo militar, las autoridades deben verificar esa información y evaluar alternativas antes de realizar un ataque aéreo. La decisión precisó que esta medida no implica una suspensión general de las operaciones militares.

En el ámbito legislativo, el Senado adelantó un debate de control político sobre los procedimientos utilizados por la Fuerza Pública. La actuación del ministro también ha sido objeto de una moción de censura relacionada con las operaciones militares recientes y la muerte de menores de edad. La votación de esa iniciativa fue programada para el 23 de septiembre, según información publicada el 17 de septiembre.

El Ministerio de Defensa mantiene que la lucha contra las organizaciones criminales debe acompañarse de medidas específicas para prevenir la vinculación de menores. La cartera ha reportado además acciones de coordinación institucional y atención posterior para los niños, niñas y adolescentes que son recuperados de estas estructuras.

De esta manera, la posición expresada por Mora López ubica la prevención del reclutamiento dentro de una estrategia que combina operaciones contra los grupos armados, acciones de inteligencia y mecanismos institucionales de protección a los menores.