MOE reportó 35 amenazas a candidaturas y alertó por expansión de la violencia en 193 municipios

Su más reciente informe evidencia una expansión territorial de la violencia política y cambios en sus dinámicas operativas. El reporte, que cubre el periodo entre marzo de 2025 y marzo de 2026, documenta un total de 435 agresiones contra liderazgos políticos, sociales y comunales.

Aunque la cifra representa una reducción frente al proceso electoral de 2022, cuando se reportaron 582 hechos, la organización indicó que esta variación no responde a una mejora en las condiciones de seguridad, sino a una reconfiguración de las formas de violencia.

De acuerdo con la directora de la MOE, Alejandra Barrios, los ataques han evolucionado hacia acciones más focalizadas, orientadas al control territorial y a la incidencia directa en el proceso electoral. Bajo esta lógica, la organización advierte que las agresiones no se distribuyen de manera homogénea, sino que se concentran en regiones específicas con presencia de actores armados ilegales.

Los datos del informe ubican 193 municipios de 28 departamentos como escenarios de hechos violentos, con mayor incidencia en zonas como Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. A esto se suma la situación en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde se concentra el 30,6% de los casos reportados y más de la mitad de los asesinatos registrados en el periodo analizado.

El documento también identifica un aumento en la violencia letal contra liderazgos políticos, que pasó de 51 casos en 2022 a 67 en 2026, lo que representa un incremento del 31%. Esta tendencia se presenta en paralelo con el crecimiento de otras modalidades de agresión, como el secuestro, que pasó de un caso reportado en el ciclo anterior a 14 en el actual.

En el desglose por tipo de liderazgo, los actores políticos concentran el 62,5% de las agresiones, con 272 hechos registrados. Dentro de este grupo, los concejales son los más afectados. En el caso de liderazgos sociales, los pueblos indígenas figuran como uno de los sectores con mayor nivel de afectación, mientras que en el ámbito comunal los presidentes de Juntas de Acción Comunal presentan los mayores niveles de riesgo.

La MOE también reportó 80 agresiones contra lideresas durante el periodo analizado, cifra que representa una disminución frente a procesos anteriores. Sin embargo, el informe incorpora nuevas tipologías de violencia, como la violencia vicaria, definida como aquella ejercida a través de familiares cercanos, especialmente hijos, con el fin de generar presión o daño indirecto.

En relación con las candidaturas presidenciales, la organización señaló que las 35 amenazas identificadas se suman a un contexto de intimidación que, según su evaluación, afecta las garantías del proceso electoral. En este punto, Barrios indicó que los ataques contra aspirantes no solo impactan a las personas directamente involucradas, sino que inciden en el desarrollo del debate público.

El informe también advierte sobre el incremento de la violencia asociada a grupos armados ilegales, con un crecimiento del 126,8%, lo que refuerza la hipótesis de una presión territorial sobre el proceso electoral. Esta situación se traduce en restricciones a la movilidad, riesgos para la realización de campañas y limitaciones en la participación política en determinadas regiones.

Frente a este panorama, la MOE solicitó a las autoridades avanzar en la identificación de los responsables de las amenazas y adoptar medidas orientadas a garantizar la seguridad de los actores políticos. Entre las recomendaciones planteadas se encuentra el rediseño de los esquemas de protección, así como el fortalecimiento de la articulación entre entidades territoriales, Fuerza Pública y la Unidad Nacional de Protección.

El coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, Diego Rubiano, señaló que los gobiernos locales deben asumir un papel central en la implementación de estrategias preventivas, en su condición de primeras autoridades de policía en sus territorios. Según explicó, estas acciones tienen que incluir la participación de las comunidades y la activación de mecanismos de alerta temprana.

250 simpatizantes de las bandas criminales acampan fuera de la cárcel de Itagüí. Tensión por eventual traslado de cabecillas: