Defensoría activó seguimiento por caso de secuestro de cuatro personas en Jamundí

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación adoptar medidas inmediatas frente al secuestro de cuatro jóvenes en el municipio de Jamundí, hecho que, según información oficial, estaría relacionado con estructuras armadas ilegales.

De acuerdo con el pronunciamiento de la entidad, los hechos se habrían registrado recientemente en esta zona del sur del Valle del Cauca. La Defensoría pidió a las autoridades competentes activar todos los mecanismos institucionales disponibles para ubicar a las víctimas y garantizar su retorno en condiciones de seguridad.

El organismo también hizo un llamado a los responsables del secuestro para que procedan con la liberación inmediata de los jóvenes, al tiempo que reiteró la necesidad de respetar los derechos fundamentales de la población civil en medio de situaciones de orden público.

Según la información preliminar, el secuestro habría sido perpetrado por integrantes de una estructura disidente de las antiguas FARC, vinculada a alias Iván Mordisco, quien ha sido señalado por las autoridades como cabecilla de uno de estos grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

La Defensoría del Pueblo indicó que realiza seguimiento permanente al caso a través de sus equipos territoriales, con el objetivo de acompañar a las familias afectadas y verificar la situación en terreno. Asimismo, señaló que continuará articulando acciones con otras instituciones para contribuir a la protección de los derechos de las personas involucradas.

Por su parte, las autoridades nacionales y regionales no han emitido un informe detallado sobre las circunstancias en las que se produjo el secuestro, mientras avanzan las labores de verificación e investigación correspondientes.

Entretanto, el Gobierno Nacional ha sido instado a coordinar con la Fuerza pública y los organismos de seguridad estrategias orientadas a la búsqueda de los jóvenes y a la contención de este tipo de delitos en la región.

Cabe indicar que el municipio de Jamundí ha sido escenario de operaciones de grupos armados ilegales en los últimos años, lo que ha generado alertas por parte de distintas entidades del Estado sobre riesgos para la población civil.

La Defensoría reiteró que el secuestro constituye una vulneración de derechos y recordó que este tipo de conductas está prohibido por la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso ni se han divulgado detalles sobre la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan con las acciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El caso permanece en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan avances en las investigaciones y en las gestiones orientadas a lograr la liberación de los jóvenes.