Gobierno endureció estrategia de seguridad tras ataque con drones contra militares en Pelaya

El encuentro contó con la participación de la cúpula de la Fuerza Pública y autoridades territoriales. Según informó la Presidencia, el propósito fue evaluar las condiciones de seguridad, fortalecer las operaciones militares y policiales y adoptar medidas destinadas a proteger a la población, así como garantizar la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública y recuperar el control territorial.

La reunión se desarrolló después de un ataque contra militares en Pelaya que dejó cuatro uniformados heridos. De acuerdo con los reportes preliminares del Ejército Nacional, la acción armada comenzó con ráfagas de fusil y posteriormente fueron utilizados explosivos lanzados mediante drones.

El uso de estos dispositivos durante el ataque generó preocupación entre habitantes de las zonas rurales afectadas. Según la información suministrada, algunas familias contemplaban permanecer en sus viviendas, mientras otras evaluaban trasladarse hacia veredas cercanas para alejarse del área donde se concentraron los enfrentamientos.

Durante el Consejo de Seguridad, el presidente ordenó fortalecer las operaciones militares y policiales contra el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el departamento del Cesar.

La Presidencia señaló que el Gobierno mantendrá su posición de no permitir que las organizaciones criminales condicionen la actuación del Estado ni interfieran en la misión de la Fuerza Pública de garantizar la seguridad y el orden.

La respuesta del Ejecutivo también contempla decisiones relacionadas con la cooperación judicial internacional y las solicitudes de extradición. En ese contexto, el presidente reactivó los procesos de extradición de cinco negociadores vinculados con estructuras de las disidencias de las FARC, Los Pachenca y el ELN.

Entre las personas mencionadas se encuentran Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, quienes serán extraditados una vez se concrete su captura. También figuran Willington Enao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, cuyas decisiones de extradición quedaron en firme.

De los cinco señalados, tres permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas, mientras que dos continúan prófugos, según la información suministrada por el Gobierno.

El presidente también cuestionó la política de Paz Total implementada durante el gobierno de Gustavo Petro. De La Espriella sostuvo que dicha estrategia no cumplió con su propósito fundamental y señaló que los beneficios concedidos a integrantes de organizaciones criminales no estuvieron acompañados, en los casos analizados, de resultados verificables en materia de desmovilización o sometimiento.

En esa línea, el Gobierno indicó que las suspensiones de extradición no continuarán vigentes para personas que no demuestren avances concretos hacia la desmovilización o el sometimiento a la justicia. La nueva orientación plantea como ejes la aplicación de la ley, el fortalecimiento de la autoridad estatal y una mayor cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos.

Las solicitudes de extradición, de acuerdo con la información entregada por el Gobierno, fueron formuladas por autoridades judiciales estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos, porte de armas, concierto para delinquir y narcoterrorismo.