Gobierno avanza en la planeación de 10 megacárceles y busca recursos para su construcción

La construcción de diez megacárceles continúa avanzando dentro de la agenda penitenciaria del Gobierno Nacional. El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que su cartera ya trabaja en la planeación de estas nuevas infraestructuras y en la búsqueda de los recursos necesarios para hacer realidad el proyecto.

La iniciativa hace parte de las principales propuestas de la política penitenciaria de la administración del presidente Abelardo De La Espriella y busca ampliar la capacidad del sistema carcelario colombiano, particularmente frente a internos considerados de alta peligrosidad. El Gobierno también ha planteado que los nuevos establecimientos permitan fortalecer el control sobre las comunicaciones de los privados de la libertad con estructuras criminales que operan desde el exterior de los centros penitenciarios.

Durante la presentación de las prioridades presupuestales de su cartera ante el Congreso, Cancino fue consultado sobre el estado del proyecto y confirmó que la construcción requerirá una asignación importante de recursos y un proceso de planeación que ya está en marcha.

“Vamos a construir cárceles y para eso se necesitan recursos. Ya hay un tema de planeación bastante abierto”, afirmó el ministro.

La confirmación se produce pocos días después de que el Gobierno informara que la iniciativa contempla diez megacárceles ubicadas en sitios apartados de los principales centros urbanos. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, había revelado tras una reunión con Cancino que el Ejecutivo planeaba avanzar en esta dirección y que se había planteado que las nuevas prisiones no fueran construidas dentro de las ciudades.

El proyecto también fue objeto de una reunión encabezada el pasado 14 de septiembre por el presidente Abelardo De La Espriella, en la que participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y representantes del sector de la construcción. El encuentro tuvo como propósito avanzar en la estructuración de los proyectos de las nuevas cárceles. Hasta ahora, el Gobierno no ha divulgado oficialmente las ubicaciones específicas, los cronogramas definitivos ni el costo total de las diez obras.

La financiación constituye precisamente uno de los principales retos para llevar la propuesta a la etapa de ejecución. En intervenciones anteriores, Cancino había señalado que el Gobierno estudiaba mecanismos como las asociaciones público-privadas para reducir el impacto fiscal de las nuevas infraestructuras. El ministro también había explicado que el objetivo era desarrollar los proyectos al menor costo posible, sin apartarse de las obligaciones constitucionales relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad.

El jefe de la cartera de Justicia insistió además en que la estrategia penitenciaria no estará limitada a la construcción de nuevos establecimientos. Según explicó ante los congresistas, el Gobierno pretende combinar una política de mayor firmeza contra las organizaciones criminales con mecanismos orientados a la resocialización de quienes estén dispuestos a cumplir la ley.

“Pero reitero lo que he dicho públicamente: la política de mano dura contra el crimen y de no negociar no implica olvidarnos también de inversiones en sustitución de cultivos, en cárceles productivas”, sostuvo Cancino.

Cancino también resumió el enfoque que pretende aplicar el Gobierno frente a quienes cumplen condenas y quienes buscan reincorporarse a la legalidad: “El que no le gusta la ley, mano dura; el que quiere actuar dentro de ella o resocializarse, también le daremos las alternativas”.