(EN VIDEO) ELN anunció "juicio revolucionario" contra funcionarios secuestrados en Arauca y fijó plazos de retención

A través de un comunicado divulgado este 5 de mayo, esa estructura armada señaló que el proceso interno concluyó con la imposición de sanciones que denomina “prisión revolucionaria” para los uniformados y funcionarios retenidos.

Las personas mencionadas en el pronunciamiento son los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), así como los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada.

De acuerdo con la información difundida por ese grupo armado, los funcionarios del CTI fueron retenidos el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, mientras que los integrantes de la Policía fueron secuestrados el 20 de julio del mismo año en la vía que conecta el municipio de Tame con la ciudad de Arauca.

En el comunicado, el Frente de Guerra Oriental indicó que el proceso interno incluyó la lectura de cargos contra los retenidos, a quienes atribuyó distintas conductas. En el caso de los funcionarios del CTI, se mencionaron señalamientos relacionados con supuestas acciones contra la población civil, sin que en el material divulgado se presentaran soportes documentales.

Como resultado del procedimiento anunciado por la organización armada, se establecieron tiempos de retención para cada uno de los secuestrados. Según lo informado, Jesús Antonio Pacheco Oviedo deberá permanecer bajo custodia por 60 meses, mientras que Rodrigo Antonio López Estrada tendrá un periodo de 55 meses.

Para los integrantes de la Policía Nacional, el grupo indicó que se fijaron sanciones de 36 meses de retención para Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, en el marco del mismo procedimiento interno.

El anuncio del grupo armado se produce meses después de que, en octubre de 2025, esa estructura comunicara su intención de adelantar un “juicio revolucionario” contra los funcionarios retenidos. En ese momento, el ELN había señalado que las decisiones serían informadas posteriormente a la opinión pública.

Posteriormente, en febrero de 2026, el mismo frente difundió videos en los que aparecían los secuestrados como prueba de supervivencia. En esas grabaciones, los funcionarios enviaron mensajes a sus familiares y solicitaron gestiones para su liberación.

En el material divulgado recientemente, integrantes del grupo armado leyeron los resultados del procedimiento y detallaron las decisiones adoptadas frente a cada uno de los retenidos, así como los argumentos que, según esa organización, sustentan las medidas anunciadas.

En Colombia, los procesos judiciales son competencia de la Rama Judicial, que incluye jueces, tribunales y altas cortes, mientras que la investigación y acusación de los delitos corresponde a la Fiscalía General de la Nación. En el caso de hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016, existe la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene competencias específicas bajo condiciones definidas en la ley.

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