Corpades alertó por el desmonte de esquemas de protección a líderes sociales en Antioquia

En un comunicado, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), aseguró que ha acompañado casos de líderes y defensores de derechos humanos a quienes se les modificaron o desmontaron los esquemas de protección asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Según la organización, al menos cinco líderes y defensores en Medellín habrían perdido sus medidas recientemente. En uno de esos casos, un tribunal ordenó restablecerlas. Por razones de seguridad, Corpades no reveló la identidad de los afectados.

La corporación sostuvo que las decisiones se toman sin contexto territorial y sin escuchar a los beneficiarios. También afirmó que, cuando un juez ordena mediante tutela restablecer un esquema o repetir el estudio de riesgo, la entidad cumple formalmente, pero semanas después vuelve a reducir la protección mediante lo que calificó como "evaluaciones de escritorio que ignoran la realidad territorial".

Un esquema de protección es el conjunto de medidas que la UNP asigna a una persona con riesgo calificado como extraordinario o extremo. Puede incluir escoltas, vehículos blindados, chalecos antibalas y medios de comunicación. La calificación del riesgo la hace la entidad con base en un estudio técnico y la revisa el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM).

Cifras de violencia contra liderazgos

Según el conteo de Corpades, en lo corrido de 2026 han sido asesinados 132 líderes sociales en Colombia, 20 de ellos en Antioquia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reporta 131 casos en el mismo periodo, mientras que la Defensoría del Pueblo contabiliza 126 homicidios con corte al 30 de septiembre, 14 de ellos en Antioquia. Las diferencias obedecen a metodologías y fechas de corte distintas.

Entre los casos recientes en el departamento figuran el de Luis Albeiro Serna, integrante de la organización Corsomostierra, asesinado el 11 de octubre en Puerto Berrío, y el de Juan Esteban Urán Cano, presidente de la junta de acción comunal del barrio Artex de Itagüí, quien murió en Medellín durante un intento de hurto, de acuerdo con el balance publicado por Análisis Urbano.

Vale recalcar que esta denuncia no es nueva pues, en agosto de 2025, Corpades expuso el caso de un líder del Bajo Cauca con riesgo calificado como extraordinario cuyo esquema fue reducido a un solo escolta. Un juzgado de Caucasia ordenó restablecer el vehículo blindado y el acompañamiento, y ante el incumplimiento abrió un trámite por posible desacato contra la dirección de la UNP.

En el plano constitucional, la organización recordó la Sentencia SU-546 de 2023, con la que la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos de los líderes sociales y defensores. Esa figura se usa cuando el alto tribunal identifica fallas estructurales que exigen la acción coordinada de varias entidades del Estado. En 2025, la Corte también ordenó a la UNP justificar cada decisión de adoptar, negar o modificar un esquema.

Por todo esto, Corpades pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, a la UNP y al CERREM suspender las reducciones de esquemas hasta contar con estudios de riesgo exhaustivos, y permitir que los beneficiarios participen y controviertan las decisiones. Además, solicitó a la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo revisar los casos. "Proteger no es una opción, es una obligación institucional", señaló la organización.

La corporación advirtió que los riesgos varían según la subregión: en el Bajo Cauca, el Nordeste, Urabá y el Magdalena Medio, las estructuras armadas generan amenazas distintas a las del Valle de Aburrá. Hasta el cierre de esta edición, la UNP no se había pronunciado públicamente sobre las denuncias.

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Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se trata la denuncia de Corpades contra la UNP?

La organización alerta que la Unidad Nacional de Protección está reduciendo o retirando esquemas de seguridad a líderes sociales en Antioquia mediante evaluaciones que ignoran la realidad del territorio.

¿Cuál es la situación de violencia contra líderes en Antioquia durante 2026?

Según Corpades, en lo que va del año han sido asesinados 20 líderes sociales en el departamento, en un contexto nacional que suma al menos 132 homicidios de defensores de derechos humanos.

¿Qué acciones legales y peticiones se han derivado de esta situación?

Se han interpuesto tutelas para restablecer esquemas y se exige al Gobierno suspender los desmontes de protección hasta realizar estudios de riesgo exhaustivos que permitan la participación de los beneficiarios.