Autoridades en La Guajira ofrecieron millonaria recompensa por el rescate de la gestora social de Uribia

La situación de orden público en el departamento de La Guajira se encuentra en un punto crítico tras la confirmación de la desaparición de Nancy Gómez Sánchez, quien se desempeña como gestora social del municipio de Uribia. El suceso, que ha sido catalogado como un secuestro, tuvo lugar durante las primeras horas del miércoles y ha desencadenado una respuesta inmediata por parte de los diversos organismos de seguridad del Estado, tanto a nivel departamental como nacional, con el objetivo primordial de lograr su pronta ubicación y rescate.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, anunció de manera oficial el ofrecimiento de una recompensa que asciende hasta los 300 millones de pesos. Este incentivo económico está dirigido a cualquier ciudadano que suministre información veraz y útil que permita establecer el paradero exacto de la mujer. Con esta medida, la administración departamental busca dinamizar las labores de inteligencia y facilitar el avance de las investigaciones judiciales que se desarrollan en torno a este lamentable episodio que afecta la tranquilidad de la región.

La estrategia para enfrentar este caso se ha definido mediante una estrecha articulación entre la Gobernación de La Guajira, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa. En este esfuerzo conjunto participan activamente las unidades especializadas en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Las mesas de trabajo y coordinación cuentan con la presencia del secretario de Gobierno departamental, Alberto Cuan, así como de altos mandos de la Fuerza Pública, entre ellos los coroneles Reyes y Ojeda, representantes del Gaula Militar y del Gaula de la Policía Nacional, respectivamente.

Estas instituciones han dispuesto de todos sus recursos técnicos, humanos y capacidades operativas para blindar el área y apoyar las tareas de localización. El despliegue no solo se limita al casco urbano de Uribia, sino que se extiende a puntos estratégicos del departamento para evitar cualquier movimiento de los captores que pueda entorpecer el proceso de rescate.

Los reportes iniciales sobre la forma en que se perpetró el crimen indican que Nancy Gómez Sánchez fue interceptada en el momento en que abandonaba un gimnasio local en compañía de una amiga. Según los testimonios recopilados, la gestora social habría sido abordada en una esquina por un grupo de aproximadamente seis hombres fuertemente armados, quienes portaban tanto armas cortas como de largo alcance.

Un detalle relevante que ha surgido en la reconstrucción de los hechos es que, instantes antes de ser privada de su libertad, Gómez Sánchez se había encontrado con un menor de edad. El propósito de dicho encuentro era la entrega de un uniforme escolar, una actividad que realizaba mientras transitaba por el sector tras finalizar su rutina de ejercicio físico. Asimismo, testigos mencionaron la presencia inusual de un dron que sobrevolaba las instalaciones del gimnasio mientras varias personas entrenaban. Aunque en su momento la situación generó curiosidad, no fue relacionada de inmediato con el plan delictivo que se ejecutaría minutos después.

Nancy Gómez Sánchez es una reconocida psicóloga de profesión, madre de dos hijos de 21 y 13 años, y esposa de Jaime Luis Buitrago García, actual alcalde del municipio de Uribia. En su rol como gestora social, ha liderado diversas iniciativas de carácter comunitario, enfocándose en el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la localidad. Su desaparición ha provocado una profunda consternación entre los habitantes de Uribia, quienes han realizado manifestaciones de solidaridad pidiendo por su integridad y su pronto regreso al seno de su hogar.

El gobernador Jairo Aguilar ha reiterado que la administración no escatimará esfuerzos ni recursos institucionales para garantizar que la gestora social retorne en condiciones de seguridad. La prioridad absoluta del gobierno departamental es preservar la vida de la funcionaria y llevar ante la justicia a los responsables de este acto criminal.

Mientras las unidades operativas mantienen el cerco en Uribia y sus zonas aledañas, las investigaciones avanzan para identificar a los autores materiales e intelectuales del secuestro, así como para determinar las motivaciones que originaron el hecho. En este contexto, el alcalde Jaime Luis Buitrago García compartió declaraciones preocupantes, señalando que la familia ya había sido objeto de amenazas previas.

De acuerdo con el mandatario local, estas situaciones de riesgo habían sido denunciadas formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. No obstante, la familia consideraba que las medidas de protección asignadas no eran suficientes para mitigar el clima de inseguridad que se percibe en la zona. Esta revelación añade un matiz complejo a la investigación, sugiriendo que el entorno de la gestora social ya se encontraba bajo asedio.

Por otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó el secuestro y, ante la cercanía geográfica con la frontera, ordenó un "despliegue total" de la fuerza pública. La instrucción presidencial es clara: se deben extremar los controles fronterizos para impedir que Nancy Gómez Sánchez sea trasladada hacia el territorio de Venezuela, lo cual complicaría significativamente las labores de rescate.

La recompensa de 300 millones de pesos sigue vigente como una herramienta clave para romper el silencio y obtener pistas que conduzcan a la liberación de la psicóloga. Las autoridades mantienen el estado de alerta máxima y esperan que la presión institucional y la colaboración ciudadana permitan resolver este caso de manera exitosa en el menor tiempo posible.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Quién es la víctima del secuestro y cómo ocurrió el hecho?

Se trata de Nancy Gómez Sánchez, gestora social de Uribia y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, quien fue interceptada por seis hombres armados al salir de un gimnasio.

¿Qué medidas han tomado las autoridades para su rescate?

El gobernador de La Guajira ofreció una recompensa de 300 millones de pesos y el Gobierno Nacional ordenó un despliegue total de la Fuerza Pública para evitar que sea trasladada a Venezuela.

¿Existían advertencias previas sobre el riesgo de la familia?

Sí, el alcalde Buitrago confirmó que ya habían denunciado amenazas ante la Fiscalía y consideraban que las medidas de protección asignadas eran insuficientes.