Autonomía universitaria no impedirá intervención ante alteraciones del orden público, dice De La Espriella

La iniciativa contempla situaciones de vandalismo, agresiones, posibles actos terroristas y otros hechos que puedan afectar la seguridad o alterar de manera grave el orden público. La propuesta del jefe de Estado parte de una distinción entre el ejercicio legítimo de la protesta y aquellas actuaciones que puedan constituir conductas violentas o delictivas.

Según explicó el mandatario, las manifestaciones pacíficas continuarán amparadas por las garantías constitucionales, mientras que los hechos que impliquen riesgos para las personas o daños a bienes deberán ser atendidos por las autoridades competentes.

Uno de los asuntos centrales del anuncio es la relación entre la autonomía universitaria y las facultades del Estado en materia de seguridad. De La Espriella sostuvo que la autonomía de las instituciones de educación superior debe ser respetada, pero aclaró que este principio no supone una excepción frente al cumplimiento de la Constitución y las leyes.

Con este mecanismo, el Gobierno pretende establecer reglas concretas para determinar en qué circunstancias puede producirse una intervención oficial dentro de un campus. La intención es que las autoridades dispongan de criterios previamente definidos y procedimientos claros frente a cada tipo de situación.

Entre los escenarios contemplados se encuentran los episodios de violencia, la destrucción de infraestructura, las agresiones contra ciudadanos o miembros de la Fuerza Pública, las situaciones de flagrancia y aquellos casos en los que exista un peligro que requiera una respuesta de las instituciones encargadas de preservar la seguridad.

La Policía Nacional será uno de los principales actores dentro del esquema que prepara el Ejecutivo. Su actuación estaría relacionada con la atención de hechos que superen los límites de una protesta pacífica y puedan representar una amenaza para estudiantes, trabajadores, visitantes o instalaciones universitarias.

La propuesta busca, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario, establecer una separación clara entre quienes participan en movilizaciones dentro del marco legal y quienes puedan emplear las instalaciones universitarias para desarrollar acciones que pongan en riesgo a otras personas o provoquen daños.

El protocolo deberá precisar las condiciones, procedimientos y responsabilidades que deberán observarse antes de una eventual intervención. De esta manera, la actuación de las autoridades quedaría sujeta a parámetros previamente establecidos y a las competencias que les otorga el ordenamiento jurídico.

La administración nacional plantea que la protección de la autonomía universitaria debe coexistir con las obligaciones estatales relacionadas con la seguridad y el cumplimiento de la ley.

De La Espriella señaló que los campus universitarios no pueden convertirse en escenarios para acciones violentas y planteó como prioridad garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas.

El alcance del protocolo será clave para establecer cómo se aplicarán estas disposiciones y cómo se garantizarán, simultáneamente, los derechos a la protesta y a la educación, junto con la protección de las personas y los bienes.

El Gobierno nacional deberá concretar ahora los lineamientos anunciados y establecer el procedimiento mediante el cual las autoridades podrán actuar cuando dentro de una universidad se presenten hechos que excedan el ejercicio de la protesta pacífica.