Alerta Temprana advirtió desplazamientos y restricciones en Mercaderes Cauca

La alerta comprende la zona urbana de Mercaderes, con especial atención en los sectores La Y, El Porvenir y Las 100 Casas, además de los corregimientos de Arboleda y San Joaquín. De acuerdo con la Defensoría, desde julio de 2026 se produjo un cambio en la dinámica entre las estructuras armadas, que pasaron de mantener una coexistencia relacionada con el control de actividades ilegales a disputar de manera directa el territorio, las rentas ilícitas y los corredores utilizados para la movilidad.

La ubicación geográfica de Mercaderes constituye uno de los factores señalados por la entidad. El municipio mantiene conexiones con el río Patía, el norte de Nariño y el Macizo Colombiano, zonas que son utilizadas como corredores para desplazamientos y actividades logísticas de grupos armados y organizaciones ilegales.

La Defensoría también identificó como factor de riesgo una eventual articulación de La Mafia con estructuras disidentes como el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) o la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). La entidad incorporó esta situación dentro de los escenarios que requieren seguimiento institucional.

Uno de los hechos referenciados en la alerta ocurrió en la vereda Canta Llano, donde, según la información recopilada por la Defensoría, integrantes del Frente Manuel Vásquez Castaño realizaron una incursión aproximadamente dos meses antes de la emisión del documento. En ese episodio habrían utilizado drones modificados con explosivos contra una vivienda que estaría relacionada con La Mafia.

Posteriormente se presentó una respuesta armada que tuvo repercusiones en áreas habitadas. La Defensoría reportó daños en viviendas, personas civiles heridas y desplazamiento forzado de firmantes del acuerdo de paz y sus familiares.

La población civil también enfrenta riesgos derivados de señalamientos y amenazas por supuestos vínculos o colaboración con alguno de los actores armados. La circulación de panfletos y otros hechos de intimidación aumentan, según la entidad, la posibilidad de agresiones selectivas, desplazamientos y pérdida o despojo de bienes.

Las afectaciones identificadas tienen impactos diferenciados sobre comunidades afrodescendientes y campesinas, así como sobre líderes sociales, niños, niñas y adolescentes, mujeres, docentes, funcionarios públicos locales y víctimas.

Entre las situaciones advertidas se encuentran restricciones a la movilidad, confinamiento de comunidades, interrupciones de actividades productivas, riesgo de reclutamiento y utilización de menores de edad, violencia basada en género y dificultades para garantizar la continuidad educativa.

La Defensoría también señaló consecuencias sobre las comunidades educativas, relacionadas con el temor generado por la situación de seguridad y la deserción escolar. A esto se suman obstáculos para el ingreso de asistencia humanitaria y riesgos relacionados con el acceso y conservación de fuentes de agua y microcuencas consideradas estratégicas para la población.

El llamado está orientado a que las instituciones nacionales y territoriales adopten medidas coordinadas bajo un enfoque de seguridad humana y protección de la población civil. Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior y de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH y la Secretaría de Educación del departamento del Cauca, además de otras autoridades territoriales y nacionales.