Sandra Ortiz enfrentará juicio por presunto rol en desvío de recursos de la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación confirmó este lunes que Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, irá a juicio por su presunta participación en los hechos de corrupción registrados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El ente acusador la señaló de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exfuncionaria no ha aceptado.

Ortiz permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, desde el año pasado, cuando un juez ordenó su detención preventiva por considerar que representaba un riesgo procesal. La audiencia preparatoria de su juicio fue programada para el próximo 19 de noviembre de 2025, en el Complejo Judicial de Paloquemao.

La investigación de la Fiscalía apunta a dos reuniones realizadas en octubre de 2023. El 12 de ese mes, Ortiz habría recibido de Sneyder Pinilla una maleta con 1.500 millones de pesos, dinero que según el ente acusador fue trasladado hasta la residencia del entonces presidente del Senado, Iván Name. Al día siguiente, de acuerdo con las declaraciones de Pinilla, la exconsejera habría participado en una operación similar para entregar otros 1.500 millones de pesos. Ortiz ha negado estos señalamientos en las audiencias en las que ha intervenido.

El material probatorio indica que los recursos provenían de la UNGRD y estaban destinados al pago de sobornos relacionados con un contrato de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira. Según la versión de la Fiscalía, la instrucción de canalizar estos dineros hacia los congresistas habría provenido de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien actualmente se encuentra prófugo en Nicaragua.

Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, han sido fundamentales en el caso. Ambos han reconocido su participación en el desvío de recursos y han suscrito preacuerdos con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales. En contraste, la situación de Ortiz quedó definida en junio de este año, cuando un juzgado especializado de Bogotá descartó la posibilidad de negociar con ella.

El proceso continuará en la etapa de juicio a finales de 2025. Allí se escucharán los testigos de la Fiscalía y de la defensa, se definirán las pruebas admitidas y, posteriormente, un juez tomará la decisión de absolver o condenar a la exconsejera presidencial.

La Fiscalía señaló que este caso hace parte del expediente por el desfalco en la UNGRD, un entramado que involucra contratos direccionados, entrega de sobornos y acuerdos entre exfuncionarios y congresistas.