Supersalud reveló ante el Senado que el FOMAG acumula deudas por más de $2,4 billones y solo un contrato legalizado con su red

Durante un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, encargada de los asuntos de salud y seguridad social. Allí, la superintendente María Andrea Godoy Casadiego expuso la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad que garantiza la atención médica de más de 820.000 afiliados, entre docentes oficiales, pensionados y sus familias.

El FOMAG no es una EPS, sino un régimen especial de salud administrado mediante un contrato de fiducia por la Fiduprevisora, entidad financiera del Estado. Desde mayo de 2024 opera bajo un nuevo modelo en el que la fiduciaria paga directamente a hospitales, clínicas y demás prestadores.

Según la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), las cuentas por pagar del fondo superan los $2,4 billones por concepto de servicios de salud, insumos y medicamentos. Con corte al 30 de junio de 2026, el 51 % del pasivo total, equivalente a $1,24 billones, se encontraba en "mora crítica", es decir, con más de 180 días de retraso en el pago.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el de la contratación. De acuerdo con la superintendente, de 3.934 prestadores de servicios de salud en todo el país, el fondo registra a la fecha un solo contrato legalizado. La falta de contratos formales dificulta la planeación de los servicios y genera disputas sobre las tarifas que se reconocen a clínicas y hospitales.

La entidad de vigilancia señaló que entre 2024 y 2026 realizó nueve auditorías al FOMAG. La más reciente, de carácter nacional y efectuada en mayo de este año, dejó 38 hallazgos relacionados con obligaciones contractuales, gestión financiera, prestación de servicios, gestión del riesgo en salud y sistemas de información.

El informe también reflejó el impacto en los usuarios. En agosto de 2026 se registraron 4.053 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y el promedio se mantiene en unas 4.000 al mes.

La Supersalud informó que impuso al FOMAG una medida cautelar "para que cesen las actuaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, así como los recursos destinados a su atención". Además, trasladó los hallazgos a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que evalúen posibles responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias.

No es la primera intervención de este tipo. En septiembre de 2025, la Superintendencia ordenó una medida cautelar de cesación provisional contra el FOMAG, su Consejo Directivo y la Fiduprevisora, con una vigencia de tres meses, tras detectar retrasos de más de 180 días en los pagos a la red. En mayo de 2024 había emitido otra orden para atender de inmediato más de 2.100 reclamaciones pendientes.

En el mismo debate, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, pidió al presidente de la República ordenar una auditoría forense al fondo, con el fin de revisar cuentas, contratos y operaciones y obtener elementos probatorios para eventuales procesos judiciales. Según un diagnóstico técnico de esa cartera, el FOMAG presentaba a junio de 2026 un patrimonio negativo cercano a $3,2 billones y 59 hallazgos, en su mayoría financieros y de salud.

El Consejo Directivo del fondo tiene prevista su próxima sesión para el 30 de octubre de 2026. La Supersalud aseguró que continuará tomando las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental a la salud de los maestros y sus familias.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es la situación financiera actual del FOMAG según la Supersalud?

El fondo acumula deudas superiores a los $2,4 billones por servicios de salud, de los cuales el 51 % se encuentra en mora crítica de más de 180 días.

¿Qué irregularidad se detectó en la contratación de la red de servicios?

De los 3.934 prestadores de salud en todo el país, el fondo solo registra un contrato legalizado, lo que dificulta la planeación y genera disputas sobre las tarifas.

¿Qué acciones legales y administrativas se han tomado frente a estos hallazgos?

La Supersalud impuso una medida cautelar para proteger a los pacientes y trasladó el caso a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para investigar posibles responsabilidades.