Exministros alertan sobre riesgos en el sistema de salud por cambios en la UPC

Un grupo de 19 exministros y viceministros de Salud y Protección Social dirigieron una carta al presidente Gustavo Petro en la que expresaron su preocupación por las decisiones adoptadas en la reciente resolución sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 2025.

En el documento, señalaron que la medida vulnera principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en el gasto público.

Los exfuncionarios cuestionaron el procedimiento mediante el cual se expidió la Resolución 2717 de 2024, argumentando que careció del rigor técnico y metodológico necesario. Según lo manifestado en la carta, la falta de estudios actuariales y financieros adecuados pone en riesgo la capacidad del sistema de salud para garantizar la prestación de servicios a la población.

De acuerdo con la misiva, el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la financiación suficiente para la atención en salud, lo que implica que las decisiones sobre la UPC deben fundamentarse en análisis técnicos que reflejen las necesidades reales de los ciudadanos y los costos asociados.

El documento también advierte sobre las posibles consecuencias de una insuficiencia de recursos en el sector salud. Entre ellas, mencionaron el deterioro en la calidad de los servicios, barreras de acceso, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y retrasos en la atención médica. Indicaron que estos factores afectan especialmente a los pacientes con enfermedades complejas que dependen del sistema para recibir tratamiento.

Los exministros resaltaron que los estudios técnicos no deben considerarse un mero trámite administrativo, sino un requisito esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Señalaron que ignorar estos análisis podría tener implicaciones directas en la prestación del servicio y en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el texto también se expuso la preocupación por el debilitamiento de la capacidad técnica del Ministerio de Salud y Protección Social. Según los firmantes, en lugar de fortalecer la experiencia acumulada en la entidad, se ha desmantelado la estructura técnica encargada de evaluar la suficiencia de la UPC y la sostenibilidad financiera del sistema.

Otro aspecto señalado en la comunicación fue la falta de avances en la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC y que hoy tendrá continuidad. Según los exministros, esta instancia aún no ha iniciado su labor y su convocatoria no cumple con los criterios de representatividad establecidos en el Auto 007 de 2025.

En la carta, los exministros rechazaron expresiones consideradas ofensivas por parte del presidente de la República y otros altos funcionarios, dirigidas contra senadores, pacientes, profesionales de la salud y exfuncionarios. Según indicaron, estas declaraciones desvían la discusión de los aspectos técnicos y jurídicos que deberían guiar las decisiones en materia de salud.

Los exfuncionarios instaron al gobierno nacional a cumplir con las disposiciones legales y constitucionales, así como con los mandatos de la Corte Constitucional. También extendieron una invitación a los actores del sector salud y a la ciudadanía a participar en la defensa del sistema de salud, más allá de la discusión sobre la reforma.

Finalmente, el grupo insistió en que la garantía del derecho a la salud depende de decisiones basadas en evidencia, una planificación financiera adecuada y una institucionalidad técnica independiente. Subrayaron que solo con un enfoque riguroso y transparente será posible asegurar la sostenibilidad del sistema y su capacidad para atender las necesidades de la población.