Estado quedará como principal accionista de la Nueva EPS tras recibir el 51 % de las acciones

El Gobierno Nacional asumirá el control mayoritario de la Nueva EPS tras concretarse un acuerdo que permitirá que el Ministerio de Hacienda quede con el 51 % de las acciones de la entidad.

Cabe indicar que este proceso, que se ha venido construyendo desde marzo del año en curso, y avanza actualmente en su etapa de firmas y se consolida luego de varios meses de revisión y aprobación por parte de las cajas de compensación que participan en la entidad.

Para el mes de junio la transición accionaria tomó forma tras la asamblea y allí se avaló la posibilidad de ceder el control al Estado. Posteriormente, en septiembre, todas las cajas de compensación involucradas aceptaron el texto de la cesión, habilitando el avance del trámite hacia su formalización. De acuerdo con lo pactado, el Ministerio de Hacienda será el accionista mayoritario, lo que implica un reordenamiento en la estructura de dirección de la EPS.

El proceso se enmarca en la solicitud de retiro presentada por las cajas de compensación desde comienzos de este año. Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfandi, Comfenalco Valle y Comfenalco Antioquia habían manifestado al Gobierno la necesidad de establecer un acuerdo que permitiera su salida, fundamentando su decisión en dificultades operativas y financieras. Dichos problemas, señalaron, se intensificaron tras la intervención forzosa ordenada hace un año y siete meses, lo que generó presiones adicionales sobre la operación de la EPS.

Mientras avanza la formalización de la cesión accionaria, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en X.

“El Gobierno ya es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS y no es en este Gobierno, sino desde su fundación”, haciendo referencia a obligaciones acumuladas que, según él, habían permanecido ocultas.

El jefe de Estado también manifestó que parte de esa deuda recaía sobre la Nación a pesar de que no tenía control sobre la EPS. Esta circunstancia, dijo, habría contribuido al deterioro financiero de la entidad debido al manejo privado de recursos públicos que eran transferidos para su funcionamiento. Petro sostuvo que los anteriores controladores estaban al tanto de que una porción de las obligaciones generadas tendría que ser asumida por el Estado y que, con el tiempo, algún Gobierno tendría que enfrentar la necesidad de cubrir la totalidad de la deuda.

Una vez concluyan las firmas pendientes, se espera que la transición permita definir los pasos siguientes en la administración, operación y sostenibilidad de la entidad, en un escenario marcado por retos financieros y por la expectativa de los usuarios frente a la continuidad del servicio.