Duro enfrentamiento entre Contraloría y Supersalud por la situación de la Nueva EPS

El más reciente enfrentamiento institucional se dio entre la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, a raíz de las discrepancias en las cifras sobre la situación financiera y operativa de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país.

La Nueva EPS concentra más de 10 millones de afiliados, y con respecto a la situación financiera, la Contraloría advirtió un panorama crítico, la Supersalud sostiene que los indicadores muestran una empresa en proceso de estabilización.

La Contraloría reveló los hallazgos de un operativo de policía judicial adelantado en julio de 2025 dentro de la Nueva EPS. En esa diligencia se recolectaron más de 4.500 archivos correspondientes a los años desde el 2022 hasta el primer semestre del 2025.

La Contraloría develó que en anticipos pendientes por legalizar se pasó de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, y que para junio de 2025 ya acumulaban $15,27 billones, hay cerca de 143 mil millones sin legalizar por 143 mil millones.

Existen 22,7 millones de facturas sin auditar, que representan un monto total de 22,1 billones de pesos. Tras depurar las duplicidades, aún quedan pendientes por revisión facturas por un valor de 13,2 billones de pesos.

En general hay cuentas por pagar por $21,37 billones de pesos a marzo de 2025, estas cifras ponen en riesgo la sostenibilidad de la EPS que presta servicios de salud a 22% de los colombianos.

Por su parte, la Superintendencia de Salud ofrece una lectura distinta. Según la entidad, si bien existe una cartera pendiente, esta se sitúa en 7,2 billones de pesos, cifra sustancialmente menor a la señalada por la Contraloría.

Afirma la SuperSalud, que la intervención ha permitido desembolsar 1,3 billones de pesos.

Por encima de las cifras el ente de control advirtió que los tiempos de espera para citas médicas de primera vez pueden superar los 60 días en algunas regiones, especialmente en zonas rurales, mientras que la SuperSalud sostiene que el promedio nacional de asignación es de 28 días, dentro de los estándares permitidos por la regulación.

Ante la disparidad de cifras y conceptos provenientes de dos entidades oficiales, surge la pregunta sobre a quién deben creer los ciudadanos respecto a la verdadera situación de la Nueva EPS. Lo cierto es que la Contraloría ha presentado información mucho más detallada y documentada.

Esta es el comunicado sobre el tema de la Contraloría General de la República:

«En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio de 2025 un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.

Como parte de esta actuación, se realizaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.

El análisis preliminar de los datos permite a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

Incremento desmesurado de anticipos que compromete la liquidez de la entidad

El análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.

La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones.

Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondientes a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte relevante de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados.

Facturas de servicios de salud sin revisión o validación

Del reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones. Ahora bien, al realizar la verificación inicial se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones, por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar.

Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9% restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.

Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes.

Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.

Durante el desarrollo de la actuación de policía judicial, la Contraloría detectó que a pesar de la exigencia de la normatividad respecto a los sistemas de información

para ejercer un control oportuno y pertinente para el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud.

Contratos con documentación incompleta

La entidad no aportó los soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en el Decreto 441 de 2022, respecto a la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.

En la revisión de la información remitida por parte de la EPS, en algunas carpetas contractuales no fueron aportados los soportes documentales de los contratos suscritos (copias de contrato, nota técnica, anexos y demás requisitos exigidos).

Incremento en cuentas por pagar por concepto de servicios de salud

La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destaca que existen $10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8.7 billones en facturas pendientes por procesar.

Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad.

Reservas técnicas:  subestimación del pasivo y falta de liquidez

La Contraloría identificó con corte a diciembre de 2024 una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.

La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud.

Esta alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes; entre ellos, la determinación de responsabilidad fiscal. De manera paralela, dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe a las responsabilidades disciplinarias y penales».

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