(Análisis) Petro descertificado en la lucha antidrogas. Un golpe inédito contra su gobierno

Estados Unidos anunció oficialmente la descertificación en la lucha contra las drogas, una medida que no se aplicaba al país desde hace 28 años y que hoy marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. La decisión, tomada por la administración de Donald Trump, ubica a Colombia en la misma categoría que Venezuela, Birmania, Bolivia y Afganistán, señalados como Estados que no cumplen con los compromisos internacionales en esta materia.

Lo inédito del caso colombiano radica en que la descertificación se dirigió de manera explícita contra el Gobierno de Gustavo Petro, diferenciando al Ejecutivo de la Nación en su conjunto. Según fuentes diplomáticas, este matiz fue resultado de intensas gestiones de líderes empresariales, alcaldes como Federico Gutiérrez de Medellín y Alejandro Éder de Cali, así como líderes gremiales, empresarios, congresistas de oposición, quienes alertaron en Washington sobre el impacto que una medida generalizada tendría en la economía y la población.

La magnitud de la crisis

Las cifras explican el trasfondo de la decisión. En 2024, Colombia alcanzó el récord histórico de más de 260.000 hectáreas de coca sembradas, lo que representa cerca del 65% de la producción mundial. La expansión de las disidencias de las FARC, el ELN y el Ejército Gaitanista – Clan del Golfo; consolidó un escenario de control territorial y de poder financiero que ha puesto en entredicho la capacidad del Estado.

Aunque el gobierno Petro defendió su estrategia de “Paz Total”, expertos advierten que esta política creó un entorno de permisividad que las organizaciones criminales aprovecharon para fortalecer sus redes. La falta de resultados en reducción de cultivos, sumada a la ausencia de operativos militares contundentes, pesó en la evaluación de Washington.

Un mensaje político y técnico

Para Emma Sabina Franco, docente de Ciencia Política en la Universidad de Medellín, la descertificación debe leerse en dos planos, el técnico y el político. “El anuncio responsabiliza directamente al Gobierno Nacional, lo que constituye un mensaje de desconfianza hacia la estrategia de Gustavo Petro. Es una advertencia clara de que su enfoque no es visto como eficaz por Estados Unidos”, explicó.

La experta recordó que, aunque la cooperación no se suspende en su totalidad, el impacto reputacional es fuerte. “Estados Unidos seguirá entregando recursos en materia de inteligencia y seguridad, pues considera que este asunto hace parte de su seguridad nacional. Pero la descertificación pone a Colombia bajo una lupa de escrutinio internacional”, señaló.

Contradicciones en la estrategia oficial

Uno de los puntos más criticados fue la ambigüedad del Gobierno Petro frente al uso del glifosato. Durante su campaña, el mandatario rechazó el retorno a las aspersiones aéreas. Sin embargo, ante la inminencia de la descertificación, el Ejecutivo planteó la posibilidad de reactivarlas como mecanismo de presión. Para los analistas, este giro de última hora deterioró aún más la credibilidad del discurso oficial.

En paralelo, Washington ha insistido en que la responsabilidad debe recaer sobre los países productores. Petro, en contraste, ha sostenido que la raíz del problema está en los países consumidores. Esta divergencia conceptual explica parte de la fractura actual en la cooperación bilateral.

Otro de los temas sensibles que llevó a la descertificación, fue la cercanía que ha demostrado el presidente colombiano Gustavo Petro, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, acusado de narcotraficante cómo presunto jefe del “Cártel de los Soles”, lo que ha obligado a gestionar una gran operación en el Caribe, por parte de la Marina norteamericana para intervenir al Tren de Aragua y otros grupos transportadores de cocaína hacia Estados Unidos, mientras se ha fijado una multimillonaria recompensa por la captura de maduro y los demás líderes del régimen.

12 meses para revertir el escenario

Según explicó Alejandro Londoño, otro de los docentes de Ciencia Política, de la Universidad de Medellín, la decisión no es un cierre definitivo, sino una advertencia con plazo. “Colombia tiene 12 meses para mostrar resultados concretos: reducción de cultivos, capturas, judicialización de máximos responsables y señales claras de voluntad política. Si no se cumplen, el país podría enfrentar un aislamiento aún mayor en materia de cooperación internacional”, afirmó.

La advertencia llega en un momento de fragilidad interna. Desde 2022, los cultivos ilícitos muestran un crecimiento sostenido y los grupos armados mantienen ventaja en varias regiones. El temor es que el Estado no logre reaccionar en el tiempo estipulado, lo que podría traducirse en sanciones más duras.

Efectos económicos y reputacionales

Aunque la descertificación está dirigida al Gobierno Petro, una decisión con Usma figura de excepción que es inédita, los efectos trascienden al Ejecutivo y podrían tener repercusiones colaterales; pues la medida genera desconfianza en inversionistas extranjeros, podría frenar flujos de capital y, según expertos, aumentar la volatilidad del dólar. Además, la reputación internacional de Colombia como aliado confiable en la lucha antidrogas queda debilitada, un retroceso significativo tras años de reconocimiento por el Plan Colombia y los programas de cooperación binacional.

El impacto inmediato no será una suspensión total de ayudas. Estados Unidos mantendrá la cooperación militar y de inteligencia, pero condicionada a resultados. Sin embargo, la marca de “descertificado” afecta la percepción global sobre la estabilidad política y económica del país.

Una encrucijada histórica

La descertificación no solo constituye un golpe político al Gobierno Petro, sino que coloca a Colombia en una encrucijada histórica. En 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, la descertificación derivó en aislamiento diplomático y restricciones económicas que tardaron años en superarse. Hoy, el riesgo es repetir un escenario similar, aunque bajo condiciones distintas y con un énfasis dirigido al Ejecutivo actual.

La decisión de Washington es, en última instancia, un llamado de atención a la falta de resultados tangibles en la lucha antidrogas. El próximo año será determinante, pues Colombia logra recuperar la confianza de sus aliados internacionales con medidas efectivas, o se profundiza una crisis que podría debilitar aún más su posición en el escenario global.

La descertificación de Colombia, después de casi tres décadas, refleja un deterioro de la política antidrogas y un golpe directo a la administración de Gustavo Petro. Aunque los empresarios, congresistas, líderes gremiales y mandatarios locales; lograron que la sanción se dirigiera al Gobierno y no al país en su conjunto, el desafío es enorme, ya que en doce meses deberá demostrar avances verificables para evitar un aislamiento mayor.

En palabras de analistas, lo que está en juego no es solo la reputación del presidente, sino la estabilidad económica, la seguridad y la credibilidad internacional de Colombia.

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