Revelación de la JEP: Los 6.402 casos de “falsos positivos” NO EXISTEN, son estimativos no comprobados
Una reciente respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sorprendido al país al revelar que los 6.402 casos de “falsos positivos” —una cifra ampliamente citada en el debate público— no son un número real de expedientes comprobados, sino un estimativo provisional basado en datos sin co
Una reciente respuesta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sorprendido al país al revelar que los 6.402 casos de “falsos positivos” —una cifra ampliamente citada en el debate público— no son un número real de expedientes comprobados, sino un estimativo provisional basado en datos sin contrastar.
La revelación ha generado una nueva ola de cuestionamientos sobre la veracidad de la cifra que, durante años, ha sido utilizada en distintos contextos políticos y mediáticos.
La información fue obtenida a través de un derecho de petición, y en la respuesta firmada por Constanza Cañón Charry, Jefe de la Oficina Asesora de Atención a la Ciudadanía de la JEP, se señala claramente: “Es importante indicar que los 6.402 corresponden al universo provisional de hechos y como tal no son expedientes, es información que se encuentra registrada en las bases de datos de la Fiscalía, Centro de Memoria Histórica y Coordinación Colombia Europa EEUU. De esta información se realiza una revisión más cercana y se lleva a cabo una contrastación que ha permitido emitir los Autos de Determinación de Hechos (ADH) en los diferentes subcasos”.
La cifra bajo escrutinio
La respuesta de la JEP ha dejado en evidencia que los 6.402 casos no corresponden a hechos probados ni a un conjunto definitivo de ejecuciones extrajudiciales. En realidad, se trata de un número estimativo, basado en bases de datos que aún requieren de un proceso riguroso de verificación. Es decir, estos casos todavía no han sido completamente investigados ni contrastados, y los ADHC que la JEP ha emitido se basan en subcasos específicos que están en revisión.
Este hallazgo tiene implicaciones significativas, especialmente en el debate político reciente, donde figuras públicas como el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, utilizaron esta cifra en campañas financiadas con recursos públicos para atacar al uribismo, atribuyendo directamente la responsabilidad de estos “falsos positivos” al expresidente Álvaro Uribe y su administración.

Campañas políticas basadas en cifras estimativas
La utilización de los 6.402 casos como una cifra incontestable en discursos y campañas, como la promovida en su momento por Quintero, ahora se ve comprometida. Este número ha sido empleado para responsabilizar a sectores políticos específicos por los crímenes de falsos positivos, sin que existiera una verificación exhaustiva que respalde los hechos, solo usando la cifra con fines políticos e ideológicos.
El uso de este dato como herramienta política ha avivado las tensiones en el país, pero ahora, con la respuesta oficial de la JEP, queda claro que la cifra requiere un análisis más profundo y que, por el momento, los casos no están plenamente comprobados.
Una cifra que debe ser revisada
El pronunciamiento de la JEP abre la puerta para que se reevalúe la narrativa construida alrededor de los falsos positivos en Colombia. Si bien los hechos ocurridos durante el conflicto armado son innegables, y es vital que la verdad salga a la luz, la imprecisión de esta cifra subraya la importancia de no politizar temas tan sensibles como las ejecuciones extrajudiciales.
Hasta ahora, la revisión exhaustiva de la información sigue en curso, y la JEP continuará con el proceso de contrastación de los subcasos, con el objetivo de esclarecer cuántos de los casos registrados corresponden efectivamente a ejecuciones extrajudiciales y en qué contextos ocurrieron.
El reciente pronunciamiento de la JEP demuestra que los famosos 6.402 casos de falsos positivos no son un dato definitivo ni verificado. En su lugar, se trata de un estimativo que aún está siendo investigado y contrastado. Esto pone en entredicho el uso de esta cifra en el debate político y recalca la necesidad de ser cautelosos al momento de utilizar datos sin confirmación plena. Mientras tanto, las investigaciones de la JEP continuarán, con el compromiso de ofrecer al país una verdad rigurosa y basada en pruebas.
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