Procuraduría suspendió por tres meses a interventores de EPS SOS y Savia Salud y abrió investigación disciplinaria

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional por tres meses de varios agentes especiales interventores de la EPS SOS y de Savia Salud EPS, al considerar que existen presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante los procesos de intervención forzosa administrativa.

En el caso de la EPS SOS, la decisión cobija a Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancur Castañeda, quienes se desempeñaron como agentes especiales interventores en distintos periodos.

Según el acto administrativo, los investigados habrían “incumplido las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales interventores de la EPS SOS”, lo que, de acuerdo con la Procuraduría, habría ocasionado “el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad y el incremento de las PQRs, acciones de tutela e incidentes de desacato durante el desarrollo de la intervención forzosa administrativa”.

En la misma providencia se advierte un segundo hecho jurídicamente relevante relacionado con el presunto impacto financiero de la gestión. El documento señala que el incumplimiento de funciones habría generado “el deterioro de la sostenibilidad financiera, incremento de la inestabilidad y los pasivos y el decrecimiento del patrimonio de la EPS”.

De manera paralela, el Ministerio Público adoptó una decisión similar frente a los agentes interventores de Savia Salud EPS. La investigación disciplinaria incluye a Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso, Luis Óscar Gálvez Mateus y William Humberto Salgado Gamboa, este último suspendido provisionalmente de su función.

En el caso de Savia Salud, la Procuraduría indicó que la necesidad de la medida cautelar se sustenta en que, de continuar en el cargo, el agente especial interventor “puede continuar incumpliendo sus funciones y obligaciones en detrimento de la vida, salud, dignidad e integridad de los usuarios y afiliados y de la sostenibilidad de la EPS”.

El auto precisa que la suspensión provisional no constituye una sanción definitiva, sino una medida cautelar orientada a evitar la reiteración de las conductas investigadas. “La suspensión provisional no es una medida definitiva sino cautelar, es idónea para evitar que se continúe y reitere la falta disciplinaria”, señala el documento.

Asimismo, la entidad advirtió que durante el tiempo que dure la suspensión “no se tiene derecho a remuneración alguna” y que la decisión es de cumplimiento inmediato, una vez sea comunicada a los disciplinables.

Como soporte probatorio, la Procuraduría incorporó el informe presentado por la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, en el que se concluyó que la intervención forzosa administrativa “no solamente no resultó eficaz para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud y la sostenibilidad financiera de la EPS”.