Procuraduría le daría la razón a Laura Sarabia en el tema de los pasaportes

Delegados del Ministerio Público realizaron este lunes una visita a las instalaciones de la Imprenta Nacional y a la sede de la Cancillería en el Palacio de San Carlos, como parte del proceso de vigilancia preventiva solicitado por la canciller Laura Sarabia.

La diligencia tenía como objetivo verificar las condiciones operativas para la producción de pasaportes, en medio del debate sobre la declaratoria de urgencia manifiesta para continuar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons, responsable actual de la emisión del documento.

Según información conocida por IFMNOTICIAS, los funcionarios de la Procuraduría estarían próximos a emitir un informe que respaldaría la posición de Sarabia, quien ha advertido que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica ni operativa para asumir la producción de pasaportes en un plazo de siete semanas. La solicitud de vigilancia preventiva fue realizada por la propia Canciller, ante el riesgo de afectación a los ciudadanos por la interrupción en la entrega de pasaportes.

Durante la inspección, los delegados del ente de control habrían comprobado que la Imprenta Nacional aún no está en capacidad de asumir la impresión de estos documentos. Además, se verificó que el convenio que se contemplaba con la Casa de Moneda de Portugal no cuenta con negociaciones avanzadas ni acuerdos formales.

El informe técnico sería remitido al secretario general de la Cancillería, Gregorio Eljach, quien, según versiones preliminares, respaldaría la necesidad de declarar la urgencia manifiesta para asegurar la continuidad del servicio y garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener su pasaporte. Esto ante la falta de soporte técnico para implementar una alternativa distinta en el corto plazo.

Sarabia ha indicado que la Imprenta Nacional necesitaría al menos 35 semanas para adecuarse completamente a la nueva labor. Asimismo, denunció públicamente que el jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, habría usurpado funciones al impartir órdenes al personal de la Cancillería para retrasar la asignación de citas, con el fin de extender la duración de las libretas disponibles.

De comprobarse estos señalamientos, Saade podría enfrentar una investigación disciplinaria por presunta extralimitación de funciones y posible afectación al derecho de los ciudadanos. En caso de ser hallado responsable, las sanciones podrían incluir destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

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