Juan Espinal anunció proyecto de ley para reglamentar la consulta previa y reducir retrasos en proyectos estratégicos

La discusión sobre la reglamentación de la consulta previa volverá al escenario legislativo con un proyecto de ley que, según anunció el senador Juan Espinal, será radicado con el propósito de establecer un marco legal para organizar y agilizar este procedimiento en Colombia.

El congresista aseguró que la iniciativa fue construida con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las comunidades étnicas y la necesidad de garantizar el desarrollo de inversiones públicas y privadas.

“El día de hoy vamos a radicar proyecto de ley que busca reglamentar la CONSULTA PREVIA en el país, una iniciativa trabajando con mucho cuidado para proteger la herramienta que es muy válida pero también la inversión de los empresarios y del Estado”, afirmó Espinal.

De acuerdo con las cifras expuestas por el senador, entre 2011 y 2026 se han registrado 12.588 procesos de consulta previa en Colombia. Solo en lo que va de 2026, indicó, se han iniciado 1.327 procesos, una cifra que, según su reporte, representa el mayor número anual frente a los años anteriores.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Espinal tiene que ver con la acumulación de procesos sin finalizar. Según explicó, actualmente existen 5.817 procesos activos que todavía no han concluido.

El senador también advirtió sobre las dificultades para alcanzar acuerdos durante el desarrollo de estos procedimientos. “Es preocupante que solo 1 de cada 6 procesos iniciados en los últimos cuatro años ha llegado acuerdos, apenas el 16% llegó a protocolización”, señaló.

La situación, según los datos presentados, tendría una concentración importante en algunos territorios. La Guajira, por ejemplo, concentra el 43,3 por ciento de todos los procesos activos del país, con 1.435 trámites en desarrollo en un solo departamento.

Espinal manifestó además que el 43,2 por ciento de los procesos está relacionado con los sectores de energía, hidrocarburos y minería, actividades consideradas estratégicas para la economía y el desarrollo energético nacional.

Entre los aspectos que el senador considera más preocupantes está la falta de información consolidada sobre los recursos destinados a las consultas previas y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

“El Estado no sabe cuánto cuesta ni cómo se financian los procesos de consulta previa”, aseguró. Asimismo, afirmó que tampoco existe información consolidada sobre el grado de cumplimiento de los compromisos pactados con las comunidades.

“El Estado no sabe en qué grado se cumplen los acuerdos que se pactan, no fue posible obtener cifras consolidadas sobre acuerdos cumplidos, parcialmente cumplidos o incumplidos”, añadió.

El congresista también cuestionó el actual marco normativo bajo el cual opera el procedimiento. Según explicó, la consulta previa funciona actualmente sobre directivas presidenciales que fueron parcialmente anuladas por el Consejo de Estado en decisiones adoptadas en 2022 y 2023, al considerar que algunos aspectos requerían un marco de rango legal.

Para respaldar la necesidad de una reglamentación, Espinal citó varios proyectos estratégicos que han enfrentado retrasos o controversias relacionadas con procesos de consulta previa.

Entre ellos mencionó la central hidroeléctrica El Quimbo, que, según sus cifras, acumuló 256 días de demora; el proyecto Uchuva-Sirius, que fue suspendido judicialmente en medio de una controversia sobre la procedencia de la consulta previa; y el proyecto Colectora, considerado fundamental para conectar parques eólicos al Sistema Interconectado Nacional.

Sobre este último, Espinal indicó que “lleva cuatro años de atraso” y explicó que el número de comunidades vinculadas al proceso pasó de 235 a más de 260 durante la etapa constructiva. Además, sostuvo que su entrada en operación se desplazó de 2026 a 2027.

El proyecto de ley anunciado plantea una serie de modificaciones y nuevas herramientas para organizar el procedimiento. “Este Proyecto de Ley busca darle un alcance de procedimiento administrativo ágil y simple sin que esto signifique que se va a vulnerar la Consulta como derecho de las Comunidades”, explicó el senador.

Uno de los principales puntos de la iniciativa es que, según Espinal, “por primera vez en 35 años Colombia tendrá una ley que organice el procedimiento de consulta previa”.

La propuesta establece que la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa será la encargada de desarrollar todo el proceso. También plantea la caracterización étnica y cultural como una obligación del Estado, con un plazo de seis meses para su realización inicial y posterior registro en el SICOP como insumo oficial para las certificaciones de presencia.

El proyecto contempla además la creación de un Equipo Facilitador para fortalecer el desarrollo de los procesos y la puesta en marcha del Registro Nacional de Facilitadores y Asesores Técnicos, bajo una escala única de honorarios equivalente a la planta profesional del Ministerio del Interior.

La iniciativa también propone establecer plazos administrativos concretos para ocho actuaciones que involucran al Estado y a las empresas, buscando reducir la incertidumbre y evitar que los procedimientos permanezcan abiertos durante largos periodos.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Información de Consulta Previa. De acuerdo con Espinal, esta herramienta tendría funciones que actualmente no existen, entre ellas la centralización y georreferenciación de registros étnicos ya existentes y un módulo público de trazabilidad.

Este sistema permitiría consultar, por comunidad, cuáles acuerdos han sido concertados, con el propósito de evitar duplicidades en los compromisos asumidos durante diferentes procesos.

La propuesta incluye igualmente la creación de una Mesa Técnica como instancia decisoria interinstitucional para resolver bloqueos, controversias sobre la composición de las partes y situaciones que puedan surgir durante el desarrollo de una consulta previa.

Finalmente, el proyecto plantea la creación de “un mecanismo fiduciario con recursos comprometidos desde el inicio para el manejo y transparencia de los mismos”.