Solicitaron a la Procuraduría investigar a la senadora Isabel Zuleta por declaraciones sobre la elección presidencial

La concejal de Bogotá Sandra Forero acudió a la Procuraduría General de la Nación para solicitar una investigación sobre las declaraciones públicas atribuidas a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, relacionadas con la elección presidencial y la legitimidad del actual mandatario, Abelardo De La Espriella.

La petición fue radicada el 31 de agosto de 2026 y está dirigida al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco. En el documento, Forero pone en conocimiento del Ministerio Público una serie de afirmaciones que, según señala, fueron realizadas por la congresista en un video que comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con la solicitud presentada por la concejal, en el material audiovisual aparece Isabel Zuleta dirigiéndose a un grupo de ciudadanos y realizando afirmaciones relacionadas con el resultado de las elecciones presidenciales. Entre las expresiones que Forero pide que sean revisadas se encuentra la afirmación de que Gustavo Petro “sigue siendo presidente” y que Abelardo De La Espriella “se robó las elecciones”.

Para la concejal Sandra Forero, el contenido de estas declaraciones merece ser evaluado por el organismo de control debido a la condición de Zuleta como senadora de la República y, particularmente, porque las afirmaciones estarían relacionadas con la legitimidad del proceso electoral y con la persona que actualmente ejerce la Presidencia de la República.

En el escrito presentado ante la Procuraduría, Forero señala que los hechos adquieren especial relevancia teniendo en cuenta que, según el contexto expuesto en el documento, el Consejo Nacional Electoral ya había declarado oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial y posteriormente se había producido la posesión del nuevo mandatario para el periodo 2026-2030.

La solicitud busca que la Procuraduría determine si las declaraciones denunciadas tienen alguna relevancia desde el punto de vista disciplinario y si existe mérito suficiente para adelantar una actuación contra la congresista.

Forero fundamenta su petición, entre otros aspectos, en la condición de Zuleta como servidora pública de elección popular. El documento recuerda que los congresistas están sujetos al régimen disciplinario aplicable a quienes ejercen funciones públicas y cita el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política, que establece entre las funciones de la Procuraduría la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluidos aquellos que son elegidos popularmente.

La concejal no plantea en el documento que exista una responsabilidad disciplinaria ya determinada contra la senadora. Su solicitud está dirigida a que el Ministerio Público valore los hechos, revise el contenido de las declaraciones y establezca si hay fundamentos para iniciar un proceso.

Uno de los elementos centrales de la petición es precisamente el contraste entre las afirmaciones atribuidas a Zuleta y la actuación de las autoridades electorales. Según el documento, las elecciones presidenciales ya habían concluido, los resultados habían sido declarados oficialmente y el nuevo presidente había asumido el cargo.

Por ello, la concejal considera pertinente que el organismo de control establezca si las expresiones de la congresista pueden eventualmente constituir una conducta susceptible de investigación bajo el régimen disciplinario.

La solicitud de Sandra Forero también abre un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a sus pronunciamientos políticos, especialmente cuando estos se refieren a procesos electorales, instituciones del Estado y la legitimidad de quienes ocupan cargos de elección popular.

En cualquier caso, será la Procuraduría General de la Nación la que deberá determinar si los hechos denunciados tienen mérito para dar paso a una actuación disciplinaria. La eventual apertura de una investigación tampoco implicaría una conclusión anticipada sobre la responsabilidad de la senadora, pues cualquier determinación tendría que adoptarse dentro del debido proceso y con base en las pruebas correspondientes.