Procuraduría indagará contratos sin ejecución y presuntas presiones políticas en el Fondo Adaptación

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, tras conocerse presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de varios contratos que, pese a comprometer cuantiosos recursos públicos, registrarían una ejecución presupuestal del 0%.

La actuación fue asumida por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, que avanza en la verificación de los hechos y en la recolección de pruebas.

De acuerdo con la información conocida, la indagación se centra en cuatro negocios jurídicos identificados como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz. Según los datos preliminares, el valor conjunto de estos contratos superaría los 100 mil millones de pesos, cifra que encendió las alertas del Ministerio Público ante la ausencia de avances en su ejecución.

El ente de control explicó que la apertura de la indagación tiene como objetivo establecer si, durante las distintas etapas contractuales, se presentaron actuaciones contrarias a las normas que regulan la contratación estatal. En particular, se busca esclarecer las razones por las cuales los contratos no habrían registrado ejecución, a pesar de haberse comprometido recursos significativos del presupuesto público.

Dentro de los aspectos que serán objeto de revisión, la Procuraduría indicó que se examinarán denuncias relacionadas con posibles presiones o vínculos de dirigentes de partidos políticos y de otras colectividades en los procesos de adjudicación. Estas eventuales interferencias habrían incidido en la selección de contratistas o en el desarrollo de los contratos investigados.

En ese contexto, vuelve a aparecer el nombre de la Fundación Universitaria San José, entidad que ha sido mencionada en diferentes controversias públicas y que, según las denuncias conocidas, podría tener relación con algunos de los contratos bajo la lupa del ente de control. La indagación también contempla la verificación de una presunta interferencia en la labor de la interventoría, que habría tenido como finalidad favorecer al contratista en detrimento de los controles establecidos.

La Procuraduría precisó que esta actuación disciplinaria se encuentra en una fase preliminar, orientada a determinar la ocurrencia de las conductas denunciadas y a identificar a los posibles responsables. En esta etapa, no se han formulado cargos ni se han establecido conclusiones sobre la responsabilidad disciplinaria de funcionarios específicos.

Como parte del proceso, el Ministerio Público decretó la práctica de pruebas, con el fin de recaudar documentación contractual, informes técnicos, actas y demás elementos que permitan reconstruir el desarrollo de los contratos cuestionados. Asimismo, se evaluará si las actuaciones se ajustaron al marco legal o si existieron circunstancias que configuren irregularidades disciplinarias.

La indagación en el Fondo Adaptación se suma a otras actuaciones recientes del ente de control relacionadas con la vigilancia de la contratación pública, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre la gestión de recursos destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo regional.

Mientras avanza el proceso, la Procuraduría continuará con la verificación de los hechos para definir los pasos siguientes dentro del ámbito disciplinario.