Procuraduría evalúa suspender provisionalmente al general Miguel Huertas y a Wilmar Mejía en medio de investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de “Calarcá”

La Procuraduría General de la Nación estudia la posibilidad de ordenar en los próximos días la suspensión provisional del general del Ejército Nacional Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar de Jesús Mejía, ambos mencionados en recientes revelaciones periodísticas sobre supuestos vínculos con estructuras disidentes de alias “Calarcá”.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la medida está siendo analizada con carácter prioritario, teniendo en cuenta la gravedad de los señalamientos y la alta relevancia institucional de los funcionarios implicados. La suspensión provisional, contemplada dentro del régimen disciplinario, se aplicaría a fin de garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier interferencia en el desarrollo de las investigaciones.

El detonante del caso fue el informe emitido por el Canal Caracol sobre los llamados “Archivos de Calarcá”, documentos que, según la investigación periodística, sugerirían posibles contactos o acercamientos entre miembros de esa disidencia y funcionarios del Estado a los que le habrían entregado códigos de comunicación de la Fuerza Pública y generado estrategias para movilizar por el país en camionetas blindadas y con armas de manera impune a los miembros de las disidencias de Calará

A raíz de la difusión del material, la Procuraduría abrió indagación preliminar para esclarecer si hubo conductas irregulares o compromisos indebidos que pudieran comprometer la seguridad nacional. Estos procesos apenas comienzan y se complementarían con los ordenados por la Fiscalía General de la Nación y otras instancias, como la investigación interna en el Ejército para el caso del general Huertas.

La decisión de evaluar la suspensión busca impedir que, desde sus posiciones de mando, uno en la estructura militar y otro en el aparato de inteligencia, los funcionarios señalados puedan, potencialmente, influir en la recolección de información, alterar datos sensibles o dificultar el acceso a documentos clave para la investigación disciplinaria, y que se den garantías para las investigaciones.

La Procuraduría considera que, dada la naturaleza estratégica de los cargos que ocupan Huertas y Mejía, es necesario actuar con celeridad para evitar riesgos procesales. El Ministerio Público reiteró que la medida en estudio no constituye una sanción anticipada, sino una herramienta preventiva que permite asegurar la independencia y objetividad de la investigación.

La determinación podría hacerse pública en los próximos días, mientras avanzan las verificaciones y se recopilan elementos que permitan establecer si existen méritos para continuar con una investigación formal o descartar los señalamientos.

Por ahora, tanto el Ejército como la Dirección Nacional de Inteligencia no se han pronunciado sobre la eventual decisión. El caso continúa generando preocupación debido al impacto que estos hechos podrían tener en la confianza institucional y en el manejo de información estratégica del Estado.