Vicepresidente de la Cámara Simón Molina pidió profundizar pesquisas derivadas del caso UNGRD

La decisión del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura del exsenador Iván Name volvió a poner bajo escrutinio las actuaciones políticas relacionadas con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A raíz de ese fallo, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, del partido Creemos, planteó la necesidad de ampliar las investigaciones y revisar la eventual participación de otros congresistas y excongresistas mencionados en las actuaciones judiciales.

Molina centró parte de su pronunciamiento en el trámite de la reforma pensional y pidió que las autoridades establezcan con precisión qué ocurrió alrededor de la discusión y aprobación de esa iniciativa. El congresista mencionó particularmente a la senadora María José Pizarro, cuyo nombre, según afirmó, aparece referido en diferentes apartes del expediente.

La solicitud del representante no constituye una acusación contra Pizarro ni determina responsabilidad alguna. Se trata de un llamado a que las autoridades competentes establezcan, a partir de las pruebas y actuaciones correspondientes, si existieron conductas irregulares de otros legisladores.

El Consejo de Estado decretó el 25 de septiembre de 2026 la pérdida de investidura de Iván Leonidas Name Vásquez, quien fue presidente del Senado durante el periodo 2023-2024. La decisión está relacionada con el escándalo de la UNGRD y con la causal de tráfico de influencias analizada por la corporación judicial.

De acuerdo con la información conocida sobre el proceso, el expediente estudió la presunta entrega de $3.000 millones a Name, recursos que habrían tenido origen en contratos de la UNGRD. La hipótesis señalada en las actuaciones judiciales sostiene que el dinero habría sido entregado en octubre de 2023 y que uno de los propósitos estaba relacionado con la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la reforma pensional.

La decisión del Consejo de Estado corresponde al ámbito de la pérdida de investidura y no reemplaza las investigaciones penales que puedan adelantar otras autoridades sobre los mismos hechos.

Molina sostuvo que el fallo genera interrogantes sobre el proceso mediante el cual se discutió la reforma pensional en el Congreso. Por esa razón, pidió que se determine si las actuaciones descritas en el expediente tuvieron algún alcance adicional y si involucraron a otros integrantes del Legislativo.

El representante hizo referencia a Pizarro debido a su participación en la Mesa Directiva del Senado durante parte del periodo en el que se discutieron iniciativas del Gobierno. Pizarro fue elegida primera vicepresidenta del Senado para el periodo 2023-2024, mientras Name ocupó la presidencia de la corporación.

La mención de la senadora dentro del pronunciamiento de Molina no implica que exista una decisión judicial que la responsabilice por los hechos investigados. Cualquier eventual actuación en su contra tendría que surgir de una investigación formal y de elementos probatorios valorados por las autoridades competentes.

El caso de la UNGRD ha involucrado a funcionarios, exfuncionarios, contratistas y dirigentes políticos, a partir de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos y contratos de la entidad.

La pérdida de investidura de Name constituye una de las decisiones judiciales derivadas de este escándalo. El Consejo de Estado es competente para conocer los procesos de pérdida de investidura de congresistas, mientras que las investigaciones penales corresponden a las autoridades de la jurisdicción penal.

La solicitud de Molina apunta a que se revisen las referencias contenidas en los expedientes y se determine, mediante los procedimientos establecidos, si existen elementos que ameriten nuevas indagaciones.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué pidió el vicepresidente de la Cámara, Simón Molina?

El representante Simón Molina solicitó profundizar las pesquisas del caso UNGRD y revisar la eventual participación de otros congresistas mencionados en los expedientes judiciales.

¿Cuál fue el detonante de esta solicitud?

La petición se dio después de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura del exsenador Iván Name por hechos relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Qué congresista fue mencionada por Simón Molina en su pronunciamiento?

Molina mencionó a la senadora María José Pizarro, pidiendo que las autoridades establezcan con precisión qué ocurrió alrededor de la discusión y aprobación de la reforma pensional, sin que esto constituya una acusación directa.