Más de 2.400 procesos permanecen pendientes de reparto en la Comisión de Acusaciones, advirtió el congresista Daniel Briceño

El representante a la Cámara Daniel Briceño volvió a cuestionar el funcionamiento de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y aseguró que la instancia atraviesa un periodo de parálisis que afecta el trámite de miles de expedientes.

A través de una publicación en redes sociales, el congresista afirmó que la Comisión “cumple 2 años de completa parálisis” y señaló que, a la fecha, existen más de 2.400 investigaciones que, en su concepto, “van camino a la impunidad”. Estas afirmaciones corresponden a la valoración expresada por el representante sobre la situación de la corporación.

La cifra mencionada por Briceño coincide con el número de procesos activos que había reportado previamente el presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca. En agosto, Cuenca solicitó al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos para garantizar el funcionamiento de la instancia y atender los expedientes bajo su competencia.

La Comisión de Investigación y Acusación tiene entre sus atribuciones constitucionales conocer denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente y los expresidentes de la República, el fiscal general de la Nación y los magistrados de las altas cortes. La Cámara señala que la Comisión está integrada por 16 miembros elegidos mediante el sistema de cociente electoral.

El problema señalado durante las últimas semanas está relacionado principalmente con la falta de recursos para el funcionamiento de la Comisión. Según lo reportado públicamente por Briceño, esta situación ha impedido avanzar en el reparto de los expedientes entre los nuevos integrantes de la célula legislativa.

En declaraciones conocidas a comienzos de septiembre, el representante sostuvo que los integrantes de la Comisión no habían recibido procesos para adelantar las respectivas investigaciones y atribuyó esta situación a la falta de presupuesto y de equipos jurídicos. También advirtió sobre el riesgo de que algunos expedientes puedan verse afectados por el paso de los términos procesales.

La situación ya había sido advertida institucionalmente. El presidente de la Comisión, Carlos Alberto Cuenca, envió una comunicación al Ministerio de Hacienda el 19 de agosto para solicitar recursos destinados a garantizar las labores de la dependencia. En ese momento informó que había 2.450 procesos activos y pidió que los recursos fueran asignados con celeridad debido a los términos establecidos para el trámite de las investigaciones.

La Cámara de Representantes también registra en su plataforma oficial resoluciones mediante las cuales se han suspendido términos judiciales y la atención al público en la Comisión de Investigación y Acusación. Entre los documentos publicados figura una resolución del 11 de septiembre de 2026 y otras decisiones de suspensión emitidas durante el mismo año.

En su más reciente pronunciamiento, Briceño también hizo referencia al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El representante señaló que, mientras se conocen elementos relacionados con investigaciones sobre altos funcionarios, la Comisión enfrenta dificultades para avanzar en los procesos que están bajo su responsabilidad. La afirmación forma parte de su cuestionamiento político al funcionamiento de la instancia y no constituye por sí misma una conclusión judicial sobre los casos mencionados.

El volumen de expedientes representa uno de los principales elementos del debate. La cifra de 2.450 procesos corresponde al reporte entregado por la presidencia de la Comisión y citado posteriormente por Briceño y otros medios de comunicación. Los expedientes comprenden investigaciones de distinta naturaleza y contra diferentes funcionarios sometidos al régimen especial de competencia de esta célula legislativa.

El funcionamiento de la Comisión adquiere particular relevancia por las funciones que le asignan la Constitución Política y la Ley 5 de 1992. Entre sus responsabilidades se encuentra adelantar investigaciones contra altos funcionarios que cuentan con fuero constitucional y, cuando corresponda, presentar ante el Senado las acusaciones respectivas.

La Cámara también tiene registrado un proyecto de ley presentado en marzo de 2023 que busca modificar el procedimiento de investigación y juzgamiento de aforados constitucionales y crear un comité técnico asesor para apoyar el trabajo de la Comisión. La iniciativa fue radicada como el Proyecto de Ley Orgánica 540 de 2026 y se encuentra en trámite legislativo.

La cifra reportada oficialmente por la presidencia de la instancia es de 2.450 procesos, mientras que el congresista utiliza la expresión “más de 2.400” para referirse al volumen de investigaciones pendientes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué problema enfrenta la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes presenta una parálisis que ha dejado más de 2.400 investigaciones pendientes de reparto y trámite.

¿Quiénes han alertado sobre esta situación?

El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó el funcionamiento de la Comisión, y el presidente de la misma, Carlos Alberto Cuenca, también había reportado la situación y solicitado recursos.

¿Cuál es la causa principal de esta parálisis?

La situación se atribuye principalmente a la falta de presupuesto y de equipos jurídicos, lo que impide el avance y reparto de los expedientes entre los integrantes de la célula legislativa.