Defensas de Miguel Quintero y Sebastián Ortega presentarán argumentos para evitar medida intramural

Ante el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, se dio inicio a la audiencia en la que se analiza la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, procesados dentro de una investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La diligencia se desarrolla después de que la Fiscalía y el representante judicial del AMVA, reconocido como víctima dentro del proceso, expusieran sus argumentos para solicitar que los dos imputados permanezcan privados de la libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales. La defensa interviene ahora para controvertir esas solicitudes y presentar sus consideraciones ante el juez.

El proceso está relacionado con varios contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante el periodo investigado. De acuerdo con la Fiscalía, las actuaciones bajo investigación habrían involucrado recursos por más de $17.600 millones y un presunto detrimento superior a $2.400 millones.

Cabe recordar que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue imputado por el delito de peculado por apropiación en calidad de determinador. Ortega, por su parte, fue imputado por peculado por apropiación. Otros exfuncionarios y personas relacionadas con la contratación también hacen parte de las investigaciones adelantadas por las autoridades.

Durante las audiencias de imputación, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. En el caso de Miguel Quintero, el propio imputado manifestó ante el juez que no se allanaba y que se consideraba inocente.

La Fiscalía sustentó su petición de medida de aseguramiento contra Quintero argumentando, entre otros aspectos, posibles riesgos para la investigación, los testigos y la comparecencia al proceso. En una de las audiencias, el ente investigador también hizo referencia a consultas y descargas de información relacionada con el expediente judicial.

La representación del AMVA amplió posteriormente la solicitud para incluir a Sebastián Ortega. Durante su intervención, el abogado Mayer Abushihab expuso durante varias horas los elementos que, según su argumentación, justificarían la privación de la libertad de ambos procesados. Entre sus planteamientos mencionó presuntas presiones sobre testigos y posibles actuaciones encaminadas a afectar el desarrollo de la investigación.

La investigación no se limita a Quintero y Ortega. También aparecen vinculados otros funcionarios y particulares relacionados con los contratos analizados por la Fiscalía. Entre ellos se encuentra Álvaro Villada, quien ocupó el cargo de subdirector administrativo y financiero del AMVA, además de Vanessa Álvarez y otras personas que han sido objeto de actuaciones judiciales dentro del caso.

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, los contratos investigados habrían permitido la extracción de recursos mediante pagos que, de acuerdo con el ente acusador, estaban relacionados con presuntas comisiones. La Fiscalía calculó inicialmente el monto presuntamente apropiado en más de $2.400 millones. Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis de la investigación y deberán ser controvertidas y valoradas dentro del proceso penal.

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Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué se está decidiendo en la audiencia judicial?

En la audiencia, el Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín analiza la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, donde sus defensas presentan argumentos para evitar que sean privados de la libertad.

¿Quiénes son los principales implicados y qué delito se les imputa?

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián Ortega son los procesados. A Quintero se le imputa peculado por apropiación en calidad de determinador, y a Ortega por peculado por apropiación.

¿Por qué la Fiscalía y el AMVA solicitan la medida de aseguramiento?

La Fiscalía y el representante judicial del AMVA argumentan posibles riesgos para la investigación, los testigos y la comparecencia al proceso, mencionando presuntas presiones sobre testigos y actuaciones para afectar la investigación.