Simón Molina radicó proyecto para desmontar beneficios de la ‘Paz Total’ y reactivar capturas a grupos criminales

Un nuevo debate se abre en el Congreso de la República tras la radicación de un proyecto de ley que propone modificar de manera sustancial la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de la “Paz Total”. La iniciativa fue presentada por el representante y vicepresidente primero de la Cámara, Simón Molina Gómez, quien plantea derogar varios de sus apartes al considerar que han generado desequilibrios en la política de seguridad del país.

El proyecto busca eliminar disposiciones que, según el congresista, otorgaron amplias facultades al Gobierno Nacional para establecer acercamientos con estructuras criminales sin un marco jurídico suficientemente claro. En particular, cuestiona mecanismos como la suspensión de órdenes de captura y la concesión de tratamientos especiales a organizaciones dedicadas al crimen organizado.

De acuerdo con Molina Gómez, estas medidas han generado un mensaje equivocado frente a la lucha contra la criminalidad. “Colombia necesita una política de seguridad que proteja a los ciudadanos y no que envíe mensajes de impunidad a las organizaciones criminales. La paz no puede construirse sacrificando la justicia ni los derechos de las víctimas”, afirmó el legislador al presentar la propuesta.

La iniciativa también establece que las estructuras criminales de origen no político no podrán ser objeto de tratamientos políticos, un punto que busca diferenciar claramente entre actores armados con motivaciones ideológicas y organizaciones vinculadas exclusivamente a actividades delictivas. En ese sentido, el proyecto condiciona cualquier eventual suspensión de órdenes de captura a la existencia previa de una ley de sometimiento a la justicia.

Dicha normativa, según se plantea, deberá incluir obligaciones concretas en materia de verdad, reparación integral a las víctimas y el cumplimiento de penas privativas de la libertad. El objetivo es garantizar que cualquier proceso de acercamiento con grupos ilegales esté respaldado por reglas claras y no derive en beneficios sin contraprestaciones.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la reactivación inmediata de medidas judiciales suspendidas. La propuesta dispone que, una vez entre en vigencia la reforma, se retomen las órdenes de captura, medidas de aseguramiento y condenas que hayan sido detenidas en favor de integrantes de organizaciones criminales en el marco de la actual legislación.

El congresista insistió en que la prioridad debe ser la protección de los ciudadanos y el respeto por las víctimas del conflicto y la criminalidad. “Nuestro compromiso es con las víctimas y con los colombianos que exigen seguridad. Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos”, señaló.

Asimismo, enfatizó que la construcción de paz en el país debe estar sustentada en principios de legalidad y responsabilidad. “La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley”, concluyó Molina Gómez.