Senadores pidieron al presidente electo Abelardo De La Espriella reactivar el fracking para fortalecer la seguridad energética del país

A pocos días del inicio del nuevo Gobierno, el debate sobre el futuro de la política energética vuelve a cobrar fuerza. Los senadores José Jaime Uscátegui y Juan Espinal remitieron una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que solicitan reactivar el desarrollo comercial de los yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracturamiento hidráulico, conocido como fracking.

En el documento, fechado el 29 de julio de 2026, los congresistas sostienen que el país enfrenta un escenario que obliga a replantear las decisiones adoptadas en los últimos años en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Según indican, la política de suspensión de los proyectos piloto ha generado consecuencias sobre la seguridad energética, las finanzas públicas y la competitividad nacional.

Los legisladores recuerdan que, durante el gobierno anterior, se suspendieron los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), decisión que, a su juicio, dejó sin posibilidad de evaluar técnica y científicamente el potencial de los yacimientos no convencionales en Colombia.

En la comunicación afirman que "esta decisión representó un cambio profundo en la estrategia energética nacional", al considerar que el país dejó de avanzar en una alternativa para incrementar sus reservas de petróleo y gas.

Uno de los principales argumentos expuestos hace referencia a la disminución de las reservas de hidrocarburos. Los senadores advierten que Colombia enfrenta un panorama de creciente dependencia de combustibles provenientes del exterior, especialmente de gas natural, situación que, según señalan, podría traducirse en mayores costos para los hogares, la industria y el aparato productivo.

El documento también hace un recuento de las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con el fracking. En ese contexto, recuerda que el Consejo de Estado suspendió en su momento la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional para desarrollar los proyectos piloto, aunque posteriormente esa medida fue levantada. Asimismo, menciona que la Corte Constitucional condicionó la continuidad de los PPII al cumplimiento de estrictos requisitos ambientales, científicos y de participación ciudadana.

Los congresistas sostienen que el marco jurídico actualmente permite avanzar en investigaciones sobre yacimientos no convencionales, siempre que se respeten las condiciones establecidas por las autoridades judiciales y ambientales.

En otro de los apartados, la carta hace referencia a la situación del abastecimiento de gas natural. Según los parlamentarios, la reducción de la producción nacional ha llevado al incremento de las importaciones, lo que impacta directamente los costos del servicio para los usuarios y reduce la competitividad de diferentes sectores económicos.

Además, citan información de entidades del sector energético para señalar que el país enfrenta un deterioro progresivo de sus reservas y de su capacidad de producción, panorama que consideran preocupante en el mediano plazo.

En materia económica, los senadores argumentan que la reactivación de esta industria podría representar nuevas inversiones, generación de empleo, fortalecimiento de las finanzas territoriales y mayores ingresos por concepto de regalías e impuestos. En ese sentido, sostienen que el desarrollo responsable de los yacimientos no convencionales podría convertirse en una herramienta para impulsar el crecimiento económico sin renunciar a los estándares ambientales.

No obstante, también reconocen que el debate exige garantías institucionales. Por ello plantean que cualquier decisión debe estar acompañada de rigurosos controles técnicos, ambientales y científicos, además de mecanismos efectivos de participación ciudadana y vigilancia permanente.

En la parte final del documento, los congresistas formulan una solicitud directa al presidente electo. En la carta recomiendan "retomar los proyectos piloto de investigación integral" y avanzar posteriormente hacia una eventual explotación comercial, siempre que los resultados científicos así lo permitan y se garantice el cumplimiento de la normatividad vigente.

Los senadores concluyen que Colombia atraviesa un momento decisivo para definir el rumbo de su política energética y consideran que mantener cerrada la puerta al fracking podría limitar las alternativas para garantizar el abastecimiento futuro de petróleo y gas.