Senadora María Clara Posada demandará decreto que permite modificaciones presupuestales y pedirá suspender sus efectos

La senadora María Clara Posada informó que este martes radicará una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra los artículos 4 y 5 del Decreto 802 de 2026, al considerar que dichas disposiciones otorgan al Gobierno Nacional facultades para modificar el presupuesto general de la Nación sin la aprobación del Congreso de la República.

La congresista aseguró que la acción judicial busca frenar lo que calificó como un mecanismo que permitiría al Ejecutivo disponer libremente de recursos públicos durante los últimos días de la actual administración. En su pronunciamiento, afirmó que el decreto representa "el cheque en blanco que quiere usar el Gobierno para modificar el presupuesto y ejecutar recursos a dedo en una feria de contratos hasta el 7 de agosto".

Según Posada, el Gobierno habría utilizado la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño como fundamento para ampliar sus facultades en materia presupuestal. En ese sentido, sostuvo que "utilizaron el fenómeno del niño como pretexto para girar los recursos que quieran, sin ningún tipo de límite ni pasar por el Congreso".

La senadora explicó que, desde su interpretación, la Constitución establece límites claros frente a las competencias del Ejecutivo en materia presupuestal. "La Constitución establece que solamente el Congreso puede aprobar y modificar el presupuesto", señaló.

Además, recordó que el Gobierno únicamente puede modificar el presupuesto sin intervención del Legislativo cuando existe un estado de excepción debidamente declarado y mediante un decreto con fuerza de ley. Como ejemplo mencionó la emergencia derivada de la pandemia, indicando que ese tipo de herramientas están previstas para circunstancias extraordinarias y no para ampliar de manera permanente las facultades del Ejecutivo.

"La Constitución establece un límite a la discrecionalidad y arbitrariedad del Gobierno, para que no gaste el dinero de los contribuyentes como quiera, sino que debe sujetarse a lo que haya aprobado el órgano legislativo", manifestó la congresista.

En su argumentación, Posada cuestionó que el Decreto 802 de 2026 autorice al Ministerio de Hacienda a realizar los traslados presupuestales que considere necesarios con fundamento en la declaratoria de desastre nacional. A su juicio, esa disposición permitiría modificar el presupuesto "en las cantidades que disponga el Ejecutivo, sin límites, sin que esté claro a qué sectores les van a quitar recursos para ejecutarlos por derecho privado, a dedo".

La senadora sostuvo que esa interpretación del decreto desconoce las competencias constitucionales del Congreso y afirmó que "quieren hacer justo lo que la Constitución prohíbe: que el Gobierno cambie el presupuesto sin pasar por el Congreso".

Posada también hizo referencia al alcance de la declaratoria de desastre nacional, indicando que esta figura sí permite utilizar los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para atender las emergencias derivadas de ese tipo de situaciones. Sin embargo, aseguró que esa herramienta no autoriza al Gobierno a trasladar recursos adicionales e indeterminados hacia ese fondo sin la aprobación del Legislativo.

"La declaratoria de desastre nacional permite que el Gobierno utilice los recursos del Fondo de Desastres (UNGRD) para financiar un plan de acción que mitigue los daños. Pero no autoriza al Gobierno a trasladar recursos indeterminados a ese Fondo, sin pasar por el Congreso", afirmó.

La congresista indicó que, junto con la demanda de nulidad, solicitará una medida cautelar para que el Consejo de Estado suspenda de manera inmediata los efectos de los artículos demandados mientras se resuelve de fondo el proceso judicial.

"Por eso, demandaré este cheque en blanco y le solicitaré al Consejo de Estado que lo suspenda de inmediato", expresó.

Finalmente, la senadora insistió en que, si el Gobierno requiere recursos adicionales para atender las consecuencias del fenómeno de El Niño, debe acudir al trámite legislativo previsto en la Constitución. "Si el Gobierno necesita más recursos para atender el fenómeno del niño, debe acudir al Congreso y tramitar una modificación al Presupuesto. No pueden desconocer la Constitución y pasar por encima del Congreso para gobernar por Decreto", concluyó.