Senadora María Clara Posada cuestionó proyecto que ampliaría la participación de cabildos indígenas en recursos de la UNGRD al final del gobierno

Proyecto genera cuestionamientos en el Congreso

A pocos días de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, un proyecto de decreto con fuerza de ley divulgado por la Presidencia de la República abrió un nuevo debate político en torno al manejo de los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.

La senadora María Clara Posada aseguró que la iniciativa plantea modificaciones que permitirían a las comunidades indígenas asumir un mayor protagonismo tanto en la definición de lineamientos como en la ejecución de parte de los recursos administrados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la congresista, el proyecto involucraría un monto cercano a los cuatro billones de pesos, cifra sobre la cual expresó preocupación por los mecanismos de administración y control contemplados en el texto.

Los reparos planteados por la congresista

En un pronunciamiento público, Posada afirmó que la propuesta permitiría que los cabildos indígenas participen en la elaboración de los criterios para la asignación de los recursos destinados a la atención del riesgo y las emergencias.

De acuerdo con la legisladora, el proyecto establece que la distribución de esos recursos deberá regirse por principios como la autonomía, el control comunitario, la pertinencia cultural y la sostenibilidad.

Aunque reconoció que esos principios tienen un propósito orientado al reconocimiento de las comunidades étnicas, sostuvo que el contenido del decreto podría generar dificultades en materia de control fiscal y contratación pública.

“Esto suena muy bonito, pero puede terminar en una contratación sin controles. Un potencial boquete de corrupción”, manifestó la senadora.

Preocupación por la contratación bajo derecho privado

Uno de los aspectos que más cuestionó la congresista tiene relación con el mecanismo de ejecución de los recursos.

Según explicó, el proyecto habilitaría a los cabildos indígenas para administrar directamente recursos destinados a la atención de situaciones de desastre mediante un régimen de derecho privado.

Para Posada, esa posibilidad podría reducir los procedimientos ordinarios de contratación pública y limitar los procesos competitivos de selección de contratistas.

La senadora sostuvo que esa figura incrementaría los riesgos de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.

“El decreto también habilitaría a los cabildos a ejecutar directamente el dinero para las situaciones de desastre bajo régimen de derecho privado, a dedo, sin licitación”, afirmó.

Referencia al escándalo de la UNGRD

Durante su pronunciamiento, la legisladora hizo referencia al escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y que actualmente es objeto de múltiples investigaciones por parte de las autoridades judiciales.

En ese contexto, recordó que distintos procesos penales y disciplinarios buscan esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con contratos y el manejo de recursos públicos durante los últimos años.

La congresista señaló que esos antecedentes hacen necesario reforzar los mecanismos de vigilancia y control sobre cualquier modificación normativa relacionada con la ejecución presupuestal de la entidad.

Asimismo, planteó interrogantes sobre el momento en que fue publicado el proyecto, teniendo en cuenta que el Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de su mandato.

Cuestionamientos sobre el alcance jurídico del decreto

Otro de los puntos destacados por Posada corresponde a la naturaleza jurídica de la iniciativa.

La senadora aseguró que el proyecto tendría fuerza de ley al estar sustentado en el artículo 56 transitorio de la Constitución Política, circunstancia que, a su juicio, le otorgaría un alcance normativo significativo sin necesidad de un trámite legislativo ordinario.

Frente a ese escenario, pidió que la propuesta sea analizada con detenimiento antes de su expedición definitiva.

Durante su intervención también formuló interrogantes sobre los objetivos de la iniciativa y cuestionó si la modificación normativa podría tener efectos en la financiación de futuras movilizaciones indígenas, aunque no presentó pruebas que sustenten esa hipótesis.

El debate apenas comienza

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una respuesta oficial frente a los cuestionamientos formulados por la congresista ni ha fijado una posición pública sobre las críticas relacionadas con el proyecto de decreto.

La discusión se desarrolla en un contexto marcado por el cierre del actual periodo presidencial y por el interés de distintos sectores políticos en revisar las decisiones administrativas adoptadas durante los últimos días del Gobierno.

Mientras continúa el análisis del proyecto, el debate se centra en el equilibrio entre el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión del riesgo y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de transparencia, control y vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la atención de emergencias en el país.