Representantes proponen régimen especial para acelerar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto abrió una nueva discusión sobre los mecanismos que podría utilizar el Gobierno nacional para movilizar recursos públicos y privados hacia los territorios damnificados. En ese contexto, varios representantes a la Cámara presentaron al presidente Abelardo De La Espriella una propuesta que busca establecer regímenes especiales y transitorios para acelerar la recuperación de la infraestructura y apoyar a las familias afectadas.

La iniciativa fue presentada por congresistas de Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda, quienes plantearon que las medidas sean consideradas dentro de las decisiones que se adopten en desarrollo del Estado de Emergencia Económica. Los parlamentarios señalaron que el objetivo es movilizar recursos de manera "rápida, eficiente y transparente" para atender los daños ocasionados por el desastre.

Uno de los principales componentes de la propuesta consiste en crear un Régimen Transitorio y Especial de Obras por Impuestos para la Reconstrucción. La iniciativa plantea ampliar temporalmente este mecanismo a los municipios y distritos que sean identificados oficialmente como afectados por el terremoto, independientemente de que tengan o no la condición de PDET o ZOMAC.

Para determinar cuáles serían estos territorios, los representantes proponen criterios técnicos relacionados con los daños en viviendas e infraestructura pública, la interrupción de servicios esenciales, las afectaciones a hospitales y establecimientos educativos, el impacto sobre las actividades productivas y las condiciones de riesgo generadas o agravadas por el terremoto.

El mecanismo permitiría que contribuyentes habilitados participen en la financiación y ejecución de proyectos en cualquiera de los territorios priorizados, incluso si no tienen domicilio o presencia económica en esas regiones. También se contempla la posibilidad de que varias empresas se asocien para desarrollar proyectos de mayor alcance.

Entre las obras que podrían ser financiadas aparecen la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas de interés social, acueductos, alcantarillados, vías, puentes, infraestructura energética, telecomunicaciones y sistemas para la atención de emergencias. También se incluyen proyectos destinados a estabilizar terrenos, reducir riesgos y recuperar infraestructura necesaria para reactivar la economía y el empleo.

La propuesta incorpora además un componente específico para vivienda. Los representantes plantean crear un programa especial y transitorio de créditos y garantías dirigido a hogares cuyas viviendas hayan sido destruidas, declaradas inhabitables o afectadas directamente por el terremoto. Para ello, se plantea utilizar instrumentos de la banca pública de segundo piso, como Bancóldex, Findeter y Finagro, además del respaldo del Fondo Nacional de Garantías y, cuando corresponda, del Fondo Agropecuario de Garantías.

Otro de los puntos planteados es permitir que los concejos municipales y distritales de las zonas afectadas puedan establecer reducciones o exenciones temporales del impuesto predial, dependiendo del nivel de afectación de cada inmueble. La propuesta contempla una reducción del 100 % para inmuebles destruidos o inhabitables, del 75 % para daños estructurales graves, del 50 % para afectaciones relevantes y del 25 % para daños moderados.

La iniciativa también busca utilizar recursos provenientes del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de reconstrucción. En este frente, los congresistas plantean una ruta prioritaria y abreviada para la aprobación y ejecución de obras, así como la posibilidad de reprogramar recursos disponibles cuando jurídicamente sea posible, siempre respetando obligaciones contractuales y derechos adquiridos.

Además, se propone ampliar de manera excepcional la modalidad de Obras por Regalías para que empresas obligadas al pago de regalías puedan ejecutar directamente proyectos de infraestructura destinados a la reconstrucción y que las inversiones reconocidas sean imputadas al cumplimiento de dichas obligaciones.

El documento insiste en que la aceleración de los procedimientos no debe traducirse en la eliminación de controles. Por ello, plantea que los proyectos mantengan interventorías, seguimiento público, control fiscal y trazabilidad sobre los recursos, contratistas, cronogramas y avances físicos y financieros.

Los representantes también plantean la creación de un "Banco de Proyectos para la Reconstrucción" y una "Ventanilla Única de Obras por Impuestos para la Reconstrucción", utilizando la institucionalidad existente para evitar la creación de nuevas estructuras permanentes.

Finalmente, la propuesta incorpora el concepto de reconstrucción resiliente, con el propósito de que las obras no se limiten a recuperar las condiciones existentes antes del terremoto, sino que incorporen criterios de reducción del riesgo, construcción sismorresistente y prevención de futuros desastres.