John Milton Rodríguez asumirá la liquidación del Ministerio de la Igualdad tras su paso por la oposición a Petro

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad tendrá al frente a un dirigente que durante los últimos años se ubicó en el espectro político contrario al proyecto de Gustavo Petro. Se trata de John Milton Rodríguez González, pastor evangélico y exsenador, quien fue designado oficialmente para asumir las funciones de liquidador de la cartera.

La decisión establece que Rodríguez deberá encargarse de adelantar el proceso de cierre de la entidad conforme al marco jurídico previsto para este tipo de procedimientos. El decreto de designación señala expresamente: "Designar al señor John Milton Rodríguez González como Liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación, quien ejercerá las funciones en los términos establecidos por el Decreto Ley 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006 y el Decreto 626 de 2026".

El nombramiento tiene un componente político particular debido a la trayectoria de Rodríguez. Durante su paso por el Congreso de la República fue un opositor del entonces presidente Gustavo Petro y cuestionó en diferentes oportunidades las decisiones de su administración. Incluso, buscó disputar la Presidencia de la República durante el proceso electoral que antecedió al actual Gobierno.

Ahora, desde una responsabilidad administrativa, Rodríguez tendrá que liderar precisamente el proceso de liquidación de una de las entidades que se convirtió en una de las principales apuestas institucionales del Gobierno Petro.

La designación también guarda relación con la posición crítica que el exsenador mantuvo frente al funcionamiento y enfoque que tuvo el Ministerio de Igualdad durante los poco más de tres años en los que estuvo en operación. Desde sectores de oposición se cuestionó tanto la estructura de la cartera como la destinación de recursos públicos y los resultados alcanzados.

Su nueva responsabilidad no será únicamente de carácter administrativo. El proceso de liquidación implica revisar y cerrar diferentes asuntos relacionados con el funcionamiento de la entidad, entre ellos contratos, recursos, archivos, procesos judiciales y la situación de los funcionarios que estuvieron vinculados al Ministerio.

El mismo documento establece las obligaciones que deberá cumplir el nuevo liquidador. "El liquidador designado por medio del Decreto 0767 del 15 de julio de 2026, deberá realizar un informe de su gestión y hacer entrega mediante acta de los bienes, archivos, expedientes, procesos judiciales, contratos, planta de personal, recursos financieros y demás asuntos a su cargo, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables", señala el decreto.

Uno de los principales desafíos será precisamente el manejo de los asuntos que quedaron pendientes tras la decisión de liquidar la entidad. Entre ellos se encuentran las controversias jurídicas relacionadas con la desvinculación de trabajadores, además de los compromisos contractuales y financieros que deberán ser revisados antes del cierre definitivo.

El Ministerio de Igualdad llegó a manejar una estructura presupuestal significativa desde su creación, convirtiéndose en una de las nuevas entidades con una importante asignación de recursos dentro del Gobierno nacional. Por esta razón, la liquidación deberá contemplar un proceso detallado de revisión financiera para determinar las obligaciones pendientes y el destino de los recursos y bienes de la entidad.

Rodríguez ya había anticipado públicamente su disposición de trabajar con el nuevo Gobierno. Durante la posesión presidencial del pasado 7 de agosto, el dirigente le había manifestado a IFMNOTICIAS que estaría dispuesto a contribuir con la administración.

Su designación plantea ahora un escenario particular: un antiguo contradictor político de Gustavo Petro tendrá la responsabilidad de cerrar una de las principales apuestas institucionales de la administración anterior.

El proceso deberá desarrollarse bajo las normas establecidas para la liquidación de entidades públicas y tendrá que garantizar el manejo de los bienes, recursos, contratos, archivos y obligaciones que permanecen vigentes. Además, deberá atender los asuntos judiciales que se encuentren en curso y establecer las condiciones para concluir las relaciones laborales y administrativas de la cartera.