Procuraduría intensifica vigilancia sobre la contratación pública en los últimos días del Gobierno Petro

Procuraduría ordena reforzar el control preventivo

La Procuraduría General de la Nación expidió el Memorando No. 012, mediante el cual impartió instrucciones para fortalecer la vigilancia preventiva de la contratación pública en las entidades del orden nacional que operan a través de dependencias desconcentradas en todo el país.

El documento fue suscrito por el viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, y está dirigido a los procuradores regionales, provinciales y distritales, quienes deberán intensificar el seguimiento a la gestión contractual durante los días previos a la finalización del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto de 2026.

La directriz señala que esta etapa de transición administrativa requiere un control preventivo reforzado para garantizar que los procesos contractuales se desarrollen con estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen la contratación estatal.

El objetivo es proteger los recursos públicos

En el memorando, la Procuraduría explica que las instrucciones se emiten en ejercicio de las funciones asignadas al Viceprocurador General por el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021, así como de las competencias constitucionales del Ministerio Público para ejercer vigilancia superior sobre la gestión pública con fines preventivos.

El organismo de control sostiene que el propósito principal consiste en salvaguardar el patrimonio público y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios que tienen a cargo las entidades estatales durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y la nueva administración.

La Procuraduría considera que este periodo exige una supervisión especial sobre las actuaciones contractuales, con el fin de verificar que las decisiones administrativas se ajusten a los principios de transparencia, responsabilidad, economía y planeación establecidos en la legislación colombiana.

Las instrucciones impartidas a los procuradores

Entre las principales disposiciones contenidas en el Memorando No. 012 se encuentra la obligación de verificar que todos los procesos contractuales vigilados cumplan con los principios previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y las demás normas aplicables en materia de contratación estatal.

Asimismo, los funcionarios deberán revisar que cada necesidad de contratación esté debidamente incluida dentro de los planes anuales de adquisiciones de las entidades objeto de vigilancia.

En aquellos organismos que operan mediante dependencias desconcentradas en los territorios, la Procuraduría ordenó comprobar cuál es el régimen contractual aplicable y verificar que exista la correspondiente delegación de funciones otorgada por el representante legal de la entidad del orden nacional.

De igual forma, cuando se trate de entidades sometidas a un régimen especial de contratación, los procuradores deberán constatar el cumplimiento estricto de los respectivos manuales de contratación y de los principios que regulan la contratación pública.

Informes deberán presentarse después del cambio de gobierno

El memorando también establece que todas las actuaciones preventivas iniciadas entre la fecha de expedición de la circular y el 7 de agosto deberán ser reportadas a la Viceprocuraduría General de la Nación.

Los informes deberán enviarse antes del 18 de agosto de 2026 al correo institucional dispuesto por la entidad y tendrán que incluir los principales hallazgos identificados durante las vigilancias, la cuantía de los contratos revisados, el estado de cada actuación preventiva y las eventuales incidencias de carácter disciplinario que puedan derivarse de los procesos analizados.

Con esta información, la Procuraduría busca consolidar un panorama nacional sobre la actividad contractual adelantada durante el cierre de la administración saliente.

Vigilancia preventiva y control disciplinario seguirán siendo independientes

En la parte final del memorando, el Ministerio Público reiteró a todos sus funcionarios la obligación de cumplir estrictamente la Resolución 108 de 2025 dentro del ámbito de sus competencias.

La Procuraduría recordó que la vigilancia preventiva sobre la contratación pública constituye una herramienta de control orientada a prevenir posibles irregularidades y fortalecer la transparencia en la gestión administrativa, pero aclaró que este mecanismo es completamente independiente de las actuaciones disciplinarias.

En ese sentido, el documento enfatiza que las acciones preventivas no representan una etapa previa ni constituyen el inicio de un proceso disciplinario, sino que hacen parte de las funciones constitucionales de acompañamiento y supervisión que ejerce el organismo de control para contribuir al adecuado manejo de los recursos públicos y al cumplimiento de la normatividad vigente durante el cierre del actual periodo presidencial.