Proantioquia propone crear un mecanismo de “Reconstrucción por Impuestos” para atender zonas afectadas por el terremoto

Una alternativa para acelerar la reconstrucción

La magnitud de los daños ocasionados por el terremoto de 7,4 registrado el 10 de agosto llevó a Proantioquia y a las empresas que integran su Plataforma de Obras por Impuestos a plantear una alternativa para acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

La propuesta consiste en crear la figura de Reconstrucción por Impuestos, REXI, como un instrumento excepcional, temporal y focalizado exclusivamente en proyectos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y reactivación de los territorios golpeados por el sismo.

De acuerdo con el documento elaborado por Proantioquia, al 13 de agosto el balance de la emergencia superaba las 260 personas fallecidas, cerca de 496 desaparecidas y miles de heridas. También se registraban más de 11.347 viviendas destruidas y 53.526 averiadas, además de afectaciones en 1.819 centros educativos, 179 centros de salud, 203 vías y 44 acueductos.

Los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

La experiencia de Obras por Impuestos

Proantioquia sustenta la iniciativa en la experiencia acumulada durante más de cinco años mediante su Plataforma de Obras por Impuestos. Según la propuesta, más de 70 empresas, entre contribuyentes potenciales y activos, participan en este espacio.

Entre ellas se encuentran Grupo Argos, Mineros, EPM, Grupo Bios, ISA, Hidroituango, Isagén, Nutresa, Bancolombia, Sura y Fundación Grupo Social, entre otras compañías.

La idea planteada al Gobierno consiste en aprovechar las capacidades desarrolladas bajo Obras por Impuestos, pero sin modificar el mecanismo actualmente existente. REXI funcionaría como un vehículo independiente, diseñado exclusivamente para responder a las necesidades generadas por el desastre.

Para ello se propone crear una categoría territorial transitoria denominada Zonas de Reconstrucción y Reactivación, ZRR. Allí quedarían incluidos los municipios que acrediten daños ocasionados por el terremoto en sectores como vivienda, infraestructura, educación, salud, agua, saneamiento, conectividad o productividad.

Infraestructura, vivienda y conectividad

La propuesta contempla establecer un cupo especial del CONFIS para disponer de una bolsa de recursos destinada a proyectos urgentes en las zonas priorizadas.

Los sectores incluidos abarcarían infraestructura social pública, como colegios, hospitales, puestos de salud y vivienda de interés prioritario. También se incorporarían obras básicas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento, además de vías, puentes, caminos rurales e infraestructura digital.

Uno de los elementos centrales es la creación de un título valor que pueda ser utilizado posteriormente contra el impuesto de renta o negociado. Proantioquia plantea que este instrumento tenga indexación al IPC, con el propósito de preservar el valor de los recursos aportados y ofrecer seguridad jurídica a las empresas participantes.

El esquema permitiría que una compañía financie y ejecute una obra de manera inmediata, reciba posteriormente el título correspondiente y pueda utilizarlo para el pago de obligaciones tributarias o negociarlo.

Un trámite de aprobación más rápido

Para evitar que los proyectos de reconstrucción queden sometidos a tiempos prolongados de estructuración y aprobación, Proantioquia propone conformar un equipo técnico especializado con participación del Departamento Nacional de Planeación, ministerios y la Agencia de Renovación del Territorio.

Este equipo tendría, entre otras funciones, la posibilidad de revisar proyectos que ya estén registrados en el banco de proyectos del DNP y que puedan aplicarse a las zonas afectadas. La propuesta plantea reducir los tiempos de viabilización a un periodo máximo de entre 20 y 30 días e incluir los gastos de preinversión.

Un mecanismo temporal bajo el estado de emergencia

La iniciativa plantea que REXI sea creado mediante un decreto con fuerza de ley expedido durante el estado de emergencia económica, social y ecológica previsto en el artículo 215 de la Constitución.

El esquema normativo contemplaría tres pasos: la declaratoria de emergencia, la expedición del decreto con fuerza de ley que establezca temporalmente el vehículo REXI y un decreto reglamentario operativo a cargo de las entidades competentes.

Proantioquia identifica cuatro argumentos para sustentar la medida ante la Corte Constitucional: el carácter sobreviniente del terremoto, la grave calamidad pública, la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para movilizar recursos privados mediante modificaciones tributarias y la necesidad de complementar rápidamente la capacidad financiera del Estado.

La propuesta insiste en que el mecanismo debe estar limitado a atender la emergencia, tener una vigencia definida y mantener una relación directa con los daños ocasionados por el terremoto. Su objetivo es sumar recursos privados a la reconstrucción sin reemplazar los instrumentos ordinarios de atención de desastres.